Los bloques dialoguistas pudieron fijar cambios antes de emitir despacho cuando limitó las facultades delegadas al bajarlas de los cuatro años, como pretendía el Ejecutivo, a dos años y con la autorización del Congreso. Este punto aún está en discusión y en gran medida dependerá de los cambios que se harán este miércoles en el recinto. En principio tendrá el rechazo seguro de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

En este capítulo, en el texto final que se llevará al recinto se eliminó del artículo 3° el párrafo que establecía que “las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”. Mientras que en lo que tiene que ver con el capítulo de reorganización administrativa, se excluyó de las facultades de disolución a las empresas públicas, universidades, y entidades como el INTA y el CONICET.

Como parte de la estrategia para conseguir el apoyo legislativo, el Gobierno también accedió a eliminar las facultades para modificar asignaciones específicas al tiempo que también se borró la facultad delegada amplia que figuraba en el artículo 13°, vinculada a la competencia, pero también se modifican y limitan las facultades sobre prórroga de jurisdicción y rescisión de contratos.

El oficialismo tuvo que acceder a la eliminación del artículo sobre la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), al Tesoro Nacional, que figuraba en el artículo 194 del proyecto y sólo se accedió a la consolidación de deuda. Y se quitó el artículo de derogación de la incompatibilidad tras ser funcionario de la CNV.