Ajuste en educación: el Gobierno usará plata que le sacó a los docentes para dársela a los alumnos

Para Milei la educación pública (tanto la estatal como la privada) “lava el cerebro” de los estudiantes y es mejor “alejarse de ella”. El Gobierno la degradó de Ministerio a Secretaría y la cuestión educativa no figura siquiera entre uno de los puntos del Pacto de Mayo.

Todo esto se ve reflejado en los números, que surgen del análisis del DNU publicado por el Gobierno este miércoles que, por primera vez, amplió el presupuesto nacional prorrogado de 2023 a 2024.

Allí se ve que con el dinero que el Estado nacional obtiene de la eliminación del Fonid (parte de los salarios docentes provinciales) pagará la actualización por inflación de becas y otros programas para alumnos como comedores y transporte de escolares.

Así, con una inflación acumulada del 71% entre diciembre y febrero (con $100 del 1° de diciembre se compró lo mismo que con $171 el 29 de febrero), la ampliación para Educación fue de solo 1,7%.

Con este recorte, hay una fuerte pérdida de peso relativo de la Educación en los gastos nacionales (la ampliación presupuestaria en el total de la Administración Pública Nacional fue del 36%) y se aleja la posibilidad de llegar al 6% del PBI de inversión educativa a la que obliga la ley.

“El presupuesto educativo del Estado Nacional estuvo históricamente cerca de 1,2% del PBI. Con estos datos, y si no se modifica la tendencia en el resto del año, representará 0,5% del PBI. Caería en dos tercios. Hoy la inversión en educación -nacional más las provincias- está en 4,8% del PBI, Si se derrumba 1 punto la del Estado nacional estaríamos lejísimo de llegar al 6% del PBI”, explicó a Clarín Javier Curcio, economista e investigador de UBA y Conicet.

De un lado para el otro

El decreto 280/2024 fue publicado por el Gobierno en el Boletín Oficial este miércoles. Lo que hace es actualizar las partidas de todo el Estado nacional (que están congeladas desde 2023), para que la administración pública pueda funcionar.

Una análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) muestra que el Gobierno autorizó el incremento de gastos en 206 programas y lo redujo en cuatro (entre ellos, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que pagaba cerca del 10% de los salarios de los docentes provinciales).

El Gobierno informa en el decreto que, entre diciembre y febrero, los ingresos subieron, en total, en $ 19,5 billones (+69%) y entonces autorizó una suba en el gasto en esos 206 programas unos $ 14,5 billones (36%). Con esto están achicando el déficit en casi $ 5 billones, que es el objetivo primordial del actual Gobierno.

Hasta aquí el análisis general del decreto. Ahora, cuando uno va al renglón de la Secretaría de Educación, lo que observa es que la autorización de ampliación presupuestaria es de apenas 41 mil millones de pesos (1,7%).

¿Solo 1,7% en educación frente al 36% del total y 71% de inflación acumulada? ¿Cómo lo lograron teniendo en cuenta que debieron actualizar por inflación los gastos en la mayoría de los programas?

La clave está en la eliminación del Fonid, un fondo para las provincias que el Estado nacional venía aportando desde 1998 y que el actual Gobierno decidió interrumpir el 31 de diciembre de 2023.

Con esta eliminación, el Estado nacional ahorró en este primer trimestre más de $ 276 mil millones (-79,5%). Esta plata la reubicó principalmente en actualizar el dinero para programas para los alumnos con más problemas, como son el de “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” ($ 145 mil millones, +49,3%) y “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas» ($ 120 mil millones de pesos, +104,5%).

La fuerte suba en “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas» también se explica porque el Gobierno transfirió este miércoles a Educación los fondos de comedores escolares que tenía la Secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social, que en el decreto 280/2024 es uno de los cuatro programas que bajan en inversión (- $9.200 millones, -25%).

También es destacable la ampliación presupuestaria para “Desarrollo de la Educación Superior” de $ 51 mil millones (3,7%). Este monto coincide con el 70% de aumento para el funcionamiento de las universidades que el Gobierno prometió un día antes del paro en las universidades, calcula Curcio. El grueso del presupuesto universitario -que va a salarios e investigación- sigue congelado.

La explicación oficial

Consultados por Clarín, desde la Secretaría de Educación explican el motivo de los cambios presupuestarios. Dicen que “se desarrolló durante años una lógica de creación de programas que pueden ser valiosos en sí mismos, pero aislados y desarticulados y sin resultados evaluados».

«Este nuevo Gobierno tiene la oportunidad de renovar la política educativa focalizándose en la mejora de los aprendizajes fundamentales, especialmente en la alfabetización. Esto conlleva repensar el financiamiento educativo para salir de un paradigma de distribución de recursos que le da más a quienes más tienen y además sin resultados educativos de calidad”, afirman.

“El nuevo presupuesto inicia un cambio efectivo para que el gasto educativo se dirija especialmente a programas que impacten en la mejora de los aprendizajes fortaleciendo a las escuelas con mayores desafíos a partir de los acuerdos del Consejo Federal de Educación. Buscamos una mayor eficiencia, justicia educativa, supervisión, evaluación, transparencia, libertad y flexibilidad acordada en el uso de los fondos. Tanto los programas de becas, como los de gestión educativa, nos permiten también vincularnos directamente con las escuelas y con los usuarios de los beneficios”, agregaron.

La falta de un plan

Más allá de las cifras expuestas, los expertos señalan los inconvenientes de estar trabajando con un presupuesto prorrogado, que además autoriza gastos por debajo de una inflación anual para 2024 calculada -en el mejor de los casos- alrededor del 300%.

“Las autorizaciones vigentes de gastos para 2024 implican un incremento interanual significativamente por debajo de la inflación prevista, lo que da cuenta que el nivel de gasto presupuestado no alcanzará para cubrir las necesidades de todo el año. En este sentido, este DNU debe ser interpretado más como un instrumento de carácter operativo destinado a permitir el funcionamiento de la Administración Pública Nacional en los próximos meses, que como un instrumento asignativo y de planificación, donde se revelan las múltiples políticas públicas que el Gobierno quiere llevar adelante”, señalan los autores del informe de ASAP.