Una funcionaria investigada en el caso del robo de declaraciones juradas de jueces denunció a su jefe por acoso

l caso nunca resuelto de la manipulación de los sobres con las declaraciones juradas de jueces, ocurrido hace dos años en el Consejo de la Magistratura, sumó ahora un nuevo capítulo: una funcionaria acusada de haber permitido por negligencia esa manipulación se defendió y apuntó contra su jefe, a quien además denunció por acoso y amenazas. Él fue desplazado del cargo de director general de Recursos Humanos el martes pasado, pero sigue siendo funcionario del Poder Judicial.

María Victoria Pérez Bayonzo fue señalada por la investigación interna del Consejo como la responsable del control de las declaraciones juradas y está acusada de un presunto manejo imprudente que facilitó que alguien más accediera ilegalmente a documentación de los jueces. Este mes, ella presentó un descargo en el sumario administrativo. Ese sumario es para determinar quiénes fueron los autores de las “intrusiones” en la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura, en Sarmiento 877. Faltaban sobres, otros estaban abiertos y otros tenían signos de haber sido abiertos y vueltos a cerrar, según la investigación interna. Varios de los sobres manipulados eran de jueces que llevaban causas del alto impacto político, como dos de los tres que estaban juzgando a Cristina Kirchner (y finalmente la condenaron), y el hoy candidato a juez de la Corte Ariel Lijo.

En un escrito que presentó en el Consejo, Pérez Bayonzo negó las acusaciones en su contra y dijo que el verdadero responsable del área era Federico Vincent, director general de Recursos Humanos, su jefe. LA NACION intentó comunicarse con Vincent a su teléfono para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento él no respondió.

Pérez Bayonzo sostuvo que la acusan de haber tomado la decisión de mudar después de más de 14 años la oficina donde estaban las declaraciones juradas (del quinto piso al octavo), cuando esa medida la tomó él. También, de no haber adoptado los recaudos de seguridad necesarios para esas nuevas dependencias y de no tener cámaras de monitoreo.

La funcionaria dice que nada de eso dependía de ella, que incluso promovió cambios y redactó reglamentos para mejorar el manejo de las declaraciones y que advirtió además atrasos de 12 años en presentaciones. Dice que fue por gestión de ella que se dispuso el refuerzo de las puertas de acceso a la oficina, la implementación de los controles de ingreso al edificio y el arqueo periódico de los documentos. Que después se relajaron algunos controles pero que nada fue decisión de ella.

Pero además denunció penalmente de abuso sexual simple (lo acusó de abrazarla por la fuerza y de tocarle la cola) y de amenazas coactivas agravadas a Vincent, según ella misma informó en el Consejo. El martes pasado, Vincent fue corrido de la Dirección General de Recursos Humanos. Seguirá conservando, según esa resolución a la que accedió LA NACION, “la oficina que corresponda al subadministrador general del Poder Judicial”, cargo que ejercía en paralelo con el de director de Recursos Humanos.

El motivo que se alegó para disponer su desplazamiento como director del área fue “la necesidad de redistribuir los recursos humanos existentes dentro de la Administración General, con la finalidad de brindar una mejor y más eficiente asistencia al servicio de justicia”. Firma la resolución Alexis Varady, que en otro recambio no vinculado con este caso, fue nombrado a principios de este mes administrador general del Poder Judicial.

En su descargo ante el Consejo, Pérez Bayonzo dijo que ella no era la responsable del área que controlaba las declaraciones juradas, sino que estaba allí para “colaborar”, de acuerdo con los términos de su designación. El que tenía el control “total y estricto”, según ella, era Vincent. “Se busca a un perejil para encubrir a un elefante responsable real”, escribió Pérez Bayonzo, que cuestionó, además, algunos aspectos de la investigación del Consejo.

Pérez Bayonzo es chaqueña, llegó en 2016 a Buenos Aires y desde entonces trabaja en el Consejo de la Magistratura. Según ella, la situación con quien fue su jefe fue empeorando con el tiempo. Relata que él la miraba y elogiaba su cuerpo de una forma que a ella la incomodaba; que le mandó mensajes que decían, por ejemplo, que le iba a dar un abrazo y que iba a tener que intervenir “el grupo GEOF” para separarlos. También, que le ofreció donarle esperma para cuando quisiera ser madre (algo que ella definió como “una locura”), que la abrazaba con fuerza y no la soltaba, y que una vez incluso le tocó la cola -y ella le pegó una cachetada-. “Esa noche no podía parar de vomitar”, relató en su descargo. En paralelo, presentó una denuncia penal.

Además, ante el Consejo contó: “En días previos al hecho investigado del fin de semana largo de junio de 2022 en la Oficina de Declaraciones Juradas, el señor Vincent me citó a su despacho en la sub-administración en el piso 7°, me hizo algunas ‘recomendaciones’ en nombre de un exagente de los servicios de inteligencia, me dijo que me comenzara a callar más la boca”. Según su relato, le dijo además que pidiera el traslado a Chaco, algo que ella no hizo.

Pérez Bayonzo también sostuvo que después de que se conoció la manipulación de las declaraciones juradas, ella notó que la seguían y le dejaron lo que, según ella, parecía ser un pájaro negro muerto frente a su ventana. Se cumplieron un año y nueve meses de conocida la apertura irregular de las declaraciones juradas, episodio que se desconoce cuándo ocurrió y que fue interpretado dentro de la Justicia como un posible “mensaje” o el resultado de “internas”. Ni la Justicia ni el Consejo identificaron hasta hoy a un posible autor.

La Nación