La Dirección de Personas Jurídicas presentó en San Rafael los lineamientos para la reforma de su ley orgánica

La presentación, que se realizó en el Centro de Congresos Alfredo Bufano y Exposiciones, contó con la participación de la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados y los ministros de Gobierno y Producción.

Este viernes, la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público (DPJ) presentó los principales lineamientos del proyecto de reforma de la ley orgánica que regirá al organismo provincial en los próximos años.

Del acto participaron funcionarios provinciales y municipales, entre los que se destaca la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado y Andrés Lombardi, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza; como así también el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, junto al director General de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, por la misma cartera, y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

En este marco, Mema destacó: “Estamos planteando un proyecto de ley para modificar la Dirección de Personas Jurídicas, con el objetivo de que cualquier persona de Mendoza o quien se radique en nuestra provincia pueda generar una sociedad o una empresa en menos de tres horas y, sobre todo, realizar trámites a distancia, y concretar avances en la estructura societaria, no solamente de las sociedades anónimas, sino también en el resto de las personas jurídicas, con beneficios puntuales para el Gran Mendoza y, especialmente, para los Departamentos más alejados”.

“En esta visita, vamos a dialogar con los Colegios profesionales y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Rafael, como así también con las Cámaras afines, para acercar esta propuesta y enriquecerla con los aportes que estos actores nos hagan llegar, porque queremos llegar a la Legislatura con un proyecto validado, consultado no solamente con las sedes ubicadas en el Gran Mendoza, sino también acá en el Sur”, agregó el ministro.

Por su parte, Mondotte se explayó sobre la necesidad de que los trámites que vinculan a la sociedad con el Estado mendocino “sean cada vez más cortos, menos onerosos, digitales y sencillos, para acercar a las partes y brindar soluciones prácticas a los administrados, es decir, a los ciudadanos”.

En cuanto al proyecto, Sebastián Soneira, titular de la DPJ, explicó que “antes de darle tratamiento legislativo, queríamos presentar esta propuesta a las cámaras empresariales y colegios profesionales para que puedan enriquecerla a través de sus aportes.

“Estamos convencidos de que se trata de un gran paso adelante en materia de modernización para la Dirección de Personas Jurídicas, que redundará en beneficio de todos los ciudadanos, para quienes pretendan constituir nuevas entidades o bien modificar las ya existentes”, remarcó Soneira.

Una institución de avanzada

En la presentación de los lineamientos, se transitó por diferentes momentos de este organismo público: desde diciembre de 2015, repasando su realidad por aquel año y las dificultades que encontró, hasta una rápida exposición sobre el actual momento, con logros obtenidos y desafíos por cumplir.

Se mencionaron las acciones que la DPJ ejecutó en este último tiempo y las tareas pendientes:

-Simplificación en la tramitación, celeridad en la gestión e incorporación de recursos digitales.

-Modificaciones sustanciales por ley: en la inscripción, registración y alcances.

-Marco digital.

“En la inscripción con la habilitación de formularios inteligentes para todos los formatos societarios, y la incorporación de la inscripción por precalificación profesional”, señaló Soneira.

Y agregó que “en la etapa de registración, incorporaremos la consulta por ficha para profesionales matriculados en reemplazo del sistema actualmente vigente por informe”.

Con respecto a los alcances, el titular de la DPJ destacó la importancia de incorporar la registración de fideicomisos; resoluciones complementarias para Asociaciones Civiles; extensión de la Resolución General que facilita la regularización contable (según resolución 1320); y la simplificación de los requisitos para inscribir cambios de autoridades (certificación de firmas).