Consejo de Seguridad: las principales autoridades nacionales y provinciales analizan en Mendoza nuevas medidas para paliar la inseguridad y el narcotráfico

El Gobernador Alfredo Cornejo recibió en Mendoza a los ministros nacionales de Seguridad, de Defensa, y de Justicia y a los encargados de las carteras de seguridad de las provincias, en el marco de II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior. Mendoza sumó propuestas a la mesa de debate.

Mendoza es sede de II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior. De esta manera, nuestra provincia se convirtió en la primera del interior del país donde se realiza este encuentro que congrega a las máximas autoridades de seguridad del país, encabezado por el Gobernador, Alfredo Cornejo, y la vicegobernadora, Hebe Casado.

La mesa académica también estuvo compuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el ministro del Defensa, Luis Petri; el secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior; secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Ivan Velasco; el secretario de Articulación Federal, Néstor Majul; el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

En la oportunidad, asistieron 23 provincias, excepto Misiones que avisó que no podría participar. Mendoza estuvo representada también por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus y todo el gabinete de esa cartera.

En el preámbulo del Consejo, Majul señaló que se abordarán temas relacionados con la seguridad nacional, con el objetivo de conocer las realidades de cada provincia y articular políticas de seguridad a nivel nacional. “Tanto el presidente, Javier Milei, como la ministra de Seguridad, nos dieron como premisa conocer cuáles son las realidades de cada una de sus provincias”, dijo el mendocino. Y agregó que “en esto nos hemos abocado y llevamos en estos cinco meses más de 10 provincias recorridas para articular en el escenario que nos compete, articular las políticas de seguridad de la Nación junto con ustedes”.

A su turno, la vicegobernadora agradeció a los presentes haber elegido a Mendoza para esta reunión y destacó que esta acción le imprime una importancia de federal al tratamiento de este tema: “Tener a tres ministros de la Nación sentados en esta mesa, tener a prácticamente todos los ministros de seguridad del país, habla de federalismo y de una política de Estado que engloba a toda la nación”.

Luego de darles la bienvenida a los presentes, el Gobernador Cornejo destacó la relevancia de la representación federal y los desafíos que tienen en distintos lugares del país en materia de seguridad. Allí, el mandatario afirmó que: “La inseguridad aparece como el primer o el segundo problema, compitiendo con la economía, por lo que debemos trabajar deliberadamente en los lugares correctos, realizando buenos diagnósticos para satisfacer la demanda de seguridad de los argentinos.

Por su parte, la ministra Bullrich destacó que el Consejo de Seguridad Interior es crucial para avanzar en políticas criminales y de seguridad en todo el país, garantizando la seguridad de los ciudadanos. “Los temas principales a abordar incluyen la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, la coordinación entre la justicia local y federal, y la mejora de la capacidad operativa en seguridad”, dijo la funcionaria.

La funcionaria de Seguridad destacó el avance en temas que son transversales a todas las provincias como las mejoras tecnológicas y la capacitación de las fuerzas de seguridad, como así también en la coordinación de acciones y en la capacidad operativa que debemos tener como Consejo de Seguridad Interior”.

“Nuestra responsabilidad es muy grande porque es la responsabilidad de cuidar a todos y cada uno de los argentinos y los ciudadanos que viven en nuestro país, y es una seguridad donde todos estamos a la par en la construcción de esta necesidad de mejorar la vida”, comentó la ministra, al tiempo que señaló que entre los temas a abordar está la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, “donde aún faltan formas de afianzar las lógicas que tenemos a nivel nacional y a nivel de cada una de las provincias en la conexidad que tiene el delito y el narcotráfico”.

A propósito de esto, la responsable de la seguridad del país adelantó que se presentarán nuevas medidas de control para prevenir desvíos de sustancias químicas entre las que se implementará un anillo digital federal para monitorear todo tipo de transporte ilegal y se buscará combatir el ingreso de bandas extranjeras con dispositivos de inhibición de señal. “Necesitamos que cada una de las provincias tenga y aporte al control para que las sustancias que se utilizan en la medicina, en los laboratorios, en las droguerías no se desvíen hacia las drogas ilegales. Es fundamental la interconexión de todos los sistemas de control de automotores, de camiones, a modo de anillo digital que no solamente lo va a ver una provincia u otra, sino que la vamos a ver absolutamente todos”.

Bullrich agregó que “esto implica que nuestras formas de control de automóviles no solamente incluirán a un perro para buscar drogas, sino que tenemos que buscar inhibidores que nos generan un nuevo problema”.

Trabajo conjunto entre las provincias y Nación

Durante la apertura del encuentro, Cornejo señaló la importancia de realizar un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias para abordar el problema de la seguridad. En ese sentido, advirtió que se deben asumir responsabilidades y competencias específicas, como la aplicación de medidas para combatir la reincidencia delictiva. Pero también le puso el acento en las inversiones en cárceles, tecnología y programas de resocialización para mejorar la convivencia social.

“Las provincias tienen competencias específicas sobre la seguridad, algunas muy específicas y no puede trasladárselas a la Nación, por eso debemos asumirlas como tal”, dijo el mandatario provincial y explicó que la Nación tiene competencias directas e indirectas en esta problemática y no debe trasladárselos a las provincias.

“La Justicia está representada en los jueces, en los fiscales, federales y provinciales, que tienen su responsabilidad y la sociedad también debe hacerse cargo de, por ejemplo, no comprar bienes robados en el mercado negro”, señaló el Gobernador de Mendoza. A esto, le sumó que “nosotros tenemos una batería de propuestas que humildemente ofrecemos desde Mendoza, algunas las hemos implementado, y otras son de estricta competencia nacional y necesitamos que sean sancionadas por el Congreso y ejecutadas por los órganos ejecutivos”.

Por eso mencionó que estas acciones pueden aplicarse en cualquier provincia. Acto seguido puso el acento en reiterancia: “Es tan vulgar que las personas que detiene la policía estén libres en pocas horas, es tan común en la conversación del barrio, en el club, en cualquier lado que no puede ser que lo miremos sin corrección alguna y sin involucrarnos en la tarea”.

Teniendo en cuenta este panorama, Cornejo señaló que este tema ya se está aplicando en Mendoza, teniendo en cuenta una cláusula constitucional de hace más de 100 años existe en nuestra provincia. “Creemos que si la Nación lo aplica va a ser beneficioso para la convivencia social”, remarcó.

En otro paso de su discurso, habló sobre la importancia de invertir en cárceles, pero también en tecnología, ya que esto ayuda a la resocialización de las personas privadas de la libertad. “Si no lo hacemos vamos a seguir mostrándonos incapaces e incompetentes de detener a esas personas que perturban la paz social entrando a la comisaría o a una fiscalía y saliendo nuevamente en breve”, explicó el mandatario provincial.

Ante esto, la ministra Bullrich explicó que están trabajando en movilizar “presos de alto riesgo al Servicio Penitenciario Federal para sacarles el poder y la capacidad de hacer negocios criminales desde la cárcel”. Y añadió: “No permitirles el uso del dinero, no permitirles que sigan utilizando los teléfonos y las familias o los amigos que los van a visitar y aislarlos significa realmente avanzar en el delito que queremos combatir”.

Cornejo también puso a consideración de los presentes una modificación para tipificar el delito de robo de identidad en redes sociales. “También desde Mendoza proponemos medidas para atacar a un delito, que son las estafas que se dan en el ciberdelito” y mencionó la necesidad que se tipifique este delito, el que permitirá una sanción específica.

En cuanto al robo de cables, Cornejo propuso considerar este delito como robo agravado, en tanto interfiere con el suministro de servicios públicos básicos. “Este flagelo se da en todas las provincias y no sólo en los lugares urbanos, sino con sólo robar 3 o 4 metros de cable, dejan sin conectividad a toda una zona y habitualmente está ocurriendo en todos los lugares del país”, dijo el Gobernador y sumó una nueva iniciativa para nacionalizar: “una pena justa para quienes compren robando, porque quien recepta bienes es engranaje principal de ese delito”.

Otra de las propuestas que Cornejo puso sobre la mesa es la de aumentar las penas para quienes conducen con alcohol de más de un gramo. “Es conveniente que aumentemos las penas, sobre todo la inhabilitación para manejar al conductor que mate a una persona mientras va manejando con alcohol de más de un gramo” y señaló que el Código Penal no penaliza la muerte y la inhabilitación con quienes matan al volante habiendo tomado”.

En este contexto, el Gobernador se mostró orgulloso de lo que se viene realizado en la provincia desde 2016 en materia de seguridad y dio detalles a los presentes: “Cuando llegué a la Gobernación en diciembre del 2015 habían alrededor de 4.000 personas privadas de la libertad. De ese total, el 70% estaba en proceso y no tenía condena firme”. Posteriormente narró los pasos que dieron para cambiar esta situación y mencionó las modificaciones a los códigos de procedimiento, “agregamos el Juicio por Jurado, los abreviados y hoy en Mendoza hay más de 7.000 personas privadas de la libertad, además de haber creado más de 2.500 nuevas plazas de detención carcelaria”.

Además, trajo a colación más estadísticas y afirmó que de la totalidad, el 70% están con condena y el 30% en proceso. “Se revirtió absolutamente el porcentaje del proceso o en condena”, señaló y comentó que en el sistema penitenciario de Mendoza el 50% de la población carcelaria estudia o trabaja y al cambiar los incentivos del proceso, por haber una instrucción del Ministerio Público Fiscal, toda persona que se lo encuentra con armas en la vía pública espera su juicio en prisión.

Para ampliar sus conceptos, el Gobernador dijo que es necesario complementar esto con leyes a nivel nacional para combatir el crimen organizado. Asimismo, reiteró que, paralelamente, se requiere un orden de la macroeconomía “ya que es fundamental para prevenir el delito”.

En otra parte de su alusión, Bullrich contó que en paralelo, se está impulsando un proyecto de ley de ADN para poder identificar a los culpables y evitar errores en los procesamientos judiciales: “Busca generar, así como Mendoza tiene la base de ADN más importante de América Latina, ahora la va a tener la Argentina. Así como la huella fue un gran descubrimiento para la política criminal de nuestro país, el ADN, que ya se utiliza en el mundo entero, es el nuevo salto que tenemos que dar.

Petri mencionó la interrelación entre Defensa y Seguridad, resaltando funciones complementarias, subsidiarias, colaborativas y cooperativas entre ambos sectores. “Mendoza ya cuenta con ese registro y es imprescindible que haya registros en todas las provincias para garantizar que las investigaciones judiciales lleguen a buen puerto y para evitar la impunidad”, dijo el funcionario y señaló que esto supone la unificación de respuestas procesales y modificaciones de nuestros códigos de procedimiento.

Narcotráfico

En cuanto a la problemática del narcotráfico, el ministro de Defensa aseguró que requiere de respuestas integrales que abarcan la Justicia, la inteligencia criminal, las investigaciones patrimoniales y la custodia de fronteras. “Es crucial contar con el apoyo de las fuerzas armadas para evitar la penetración de organizaciones criminales en el territorio argentino”, señaló el funcionario nacional.

En la misma línea, Petri mencionó la necesidad de modificar el paradigma de las fuerzas armadas para adaptarse a las nuevas amenazas y desafíos del mundo actual, como las guerras híbridas y asimétricas. Trajo a colación que se requiere de una norma que modifique la Ley de Seguridad Interior para establecer una alternativa intermedia entre la mínima y la máxima intervención, especialmente en casos de terrorismo donde las fuerzas armadas puedan complementar las tareas de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

El rol de la Justicia

A su turno, el ministro Cuneo Libarona también destacó la importancia que sea Mendoza elegida para este encuentro nacional al señalar que “esta provincia es muy progresista y actualizada”. Además, afirmó que en esta reunión las autoridades tienen el compromiso en la tutela de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, así como en la modificación de la justicia para reconciliarse con la sociedad.

El ministro de Justicia de la Nación habló sobre la importancia que posee este Consejo de Seguridad Interior y mencionó varios puntos que están incluidos en Ley 24.059, ya que explicó que allí se sientan las bases legales, orgánicas y funcionales “para que con esfuerzo nacional de todos exista una seguridad interior”. A este punto le agregó la elaboración de políticas y planes de seguridad interior y la ejecución de acciones pendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior.

Asimismo, el abogado remarcó que la Justicia tiene que ser modificada en el ámbito federal, “tiene que haber una reconciliación con la sociedad y tutelar a las víctimas y su dolor. Tengo la convicción que si se ataca el producto del delito, el delito no puede dar nunca frutos y beneficios”.

Para cerrar, la ministra de Seguridad también se refirió al proyecto antimafia que presenta su cartera: “El otro proyecto que estamos presentando es el de organizaciones criminales, el proyecto antimafia”. Además, señaló que no estará vigente todo el tiempo, sino en lugares con características narcoterroristas como sucedió en Rosario. “Se aplicará cuando el gobernador, la Justicia y los ministerios decidan una situación excepcional. Este tipo de proyecto es lo que desarmó las mafias en Italia y las bandas criminales en Estados Unidos, es lo que desarmó al país más violento del mundo, que es El Salvador, que muchos tienen críticas, pero pasó de tener 145 muertos cada 100.000 a tener 2 cada 100.000”.