RIGI: qué provincias se beneficiarán más con los incentivos para las grandes inversiones

Se espera que el ya aprobado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la ley Bases impulse proyectos en los 8 sectores a los que está destinado: Forestoindustria, Turismo, Infraestructura, Minería, Tecnología, Siderurgia, Energía y Petróleo y Gas.

Ya hay movidas concretas al respecto: como el acuerdo que Pan American Energy (PAE) firmó con la noruega Golar para iniciar la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) a partir de 2027 mediante la licuefacción de gas en una estación flotante y para vender a Brasil, cuyo ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira de Oliveira, ya manifestó interés. “Estamos en negociaciones con YPF y otras compañías del sector para que se sumen al joint venture que formamos con Golar”, dijo Marcos Bulgheroni, el CEO de PAE.

Además, Transportadora de Gas del Sur (TGS) propuso destinar USD 700 millones a la ampliación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y el presidente de Pampa Energía Marcelo Mindlin (también accionista TGS) dio señales favorables a la concreción de inversiones en el marco del RIGI.

sarrollo de proveedores nacionales, que exigiría líneas de financiamiento y apoyo tecnológico”, dijo Freytes.

En cuanto al efecto del RIGI sobre la inversión, el especialista dijo que si bien los beneficios fiscales son sumamente generosos y deberían acelerar proyectos que estaban en carpeta, “la duda es si los mismos no se ejecutarían de cualquier manera”.

“En general las demandas de las empresas antes del RIGI tenían más que ver con poder girar dividendos al exterior y con el tipo de cambio que con el esquema tributario”, recordó Freytes. En litio, por ejemplo, la percepción era que la Argentina tenía un marco más favorable que Chile. “Lo más probable es que el RIGI sea un catalizador; pero las renuncias impositivas son excesivas y en cuanto a la estabilidad fiscal, mi duda es si exenciones tan generosas no terminarán dando lugar a más litigiosidad en el futuro”, concluyó.

Cacciola, de CAEM, reconoció que la normalización cambiaria y la salida del cepo es imprescindible para un pleno efecto del RIGI. “Es un tema importante; hasta mayo había un contexto de relativa estabilidad cambiaria, de confianza en el proceso de regularización de la economía; es fundamental que la confianza y la competitividad impositiva se den en un marco de estabilidad”.

Un trabajo preliminar de CAEM aplicado al proyecto de cobre Los Azules, de la canadiense Mc Ewen Mining, en la provincia de San Juan, calculó que en el escenario actual la carga fiscal en la Argentina, asumiendo un margen operativo del 30%, es de 58%, contra 45% en Perú, 39% en Chile, 36% en Australia y 34% en Canadá.

La estimación a priori es que con el RIGI el peso fiscal en Argentina se reduce al 39%, por debajo de Perú y a la par de Chile, pero aún superior a los casos de Australia y Canadá.

Un despeje de nieve en un «camino minero» en San Juan. Solo en la etapa de exploración, los proyectos de cobre implican mantener centenares de empleados en campamentos a casi 5.000 metros de altura y a centenares de kilómetros de las localidades más cercanas

Son cálculos, dijo un gerente financiero de una minera con proyectos cupríferos, que toman solo impuestos directos y sobre un margen operativo del 30%; si el margen es mayor, la carga fiscal disminuye, y si es menor, aumenta.

Lo principal del RIGI, comentó, es que elimina retenciones y reduce la alícuota de Ganancias. Chile, recordó, desarrolló su minería con una carga fiscal del 30%, que elevó al 39% tras el tsunami y terremoto de febrero de 2010. Y apuntó que la minería chilena tiene puerto de salida a no más de 300 kilómetros, sobre el Pacífico, más cercano al mercado asiático, el principal demandante, contra los 1.500 a 1.800 kilómetros que deben recorrer hasta su puerto de salida al Atlántico los productos de los proyectos cupríferos en la cordillera o los de litio en la puna argentina.

Esos cálculos dejan también de lado algunos impuestos provinciales y tasas municipales. “Un punto relevante del proyecto es evitar la tentación local de elevar alícuotas a los emprendimientos a un nivel que ahuyente las inversiones.

En los informes Fraser (un instituto canadiense que elabora un ranking del atractivo de “distritos mineros” del mundo), que encuestan a gerentes de empresas mineras, estos aducen que un problema (en la Argentina) es el gran número de pedidos de gastos adicionales (para hacer hospitales, caminos, etc) exigidos por los gobiernos locales”, dice el informe de Day.

Cabe aclarar, además, que en el toma y daca político-legislativo del paquete fiscal el Gobierno accedió a la iniciativa del senador santacruceño José María Carambia de aumentar de 3% al 5% el tope de regalías mineras que pueden exigir las provincias.

“Es algo que va en contra del RIGI. No es una decisión acertada: algunas provincias ya dijeron que con el 3% y en acuerdo con las distintas empresas es suficiente. Esto genéricamente no es bueno, pero sí es bueno que los gobernadores salgan al cruce, porque estas cosas se plasman en contratos entre las empresas y las provincias sobre las regalías que se van a pagar y percibir”, dijo Cacciola.

El presidente de CAEM recordó que la Ley de Inversiones Mineras estableció hace 31 años el tope de 3%, pero algunas provincias cobraron menos para incentivar ciertos proyectos. “El 5% es el tope, pero si alguna provincia quiere firmar por 1, 2 ó 3% lo puede hacer. Pero (el cambio) no deja de ser un mal signo. Y hay que recordar que la suba a 5% no aplica para los proyectos que ya existen”, precisó.

Según Cacciola, si un distrito pretende cobrar regalías de 5% podría perder recursos, en vez de ganarlos.

“Hoy Santa Cruz es la principal exportadora de minerales del país: con oro y plata exporta poco más del 50% del total, desde hace unos cuantos años, pero lo que no tiene ahora son proyectos avanzados que puedan entrar en operación en 4, 5 ó 7 años para reemplazar proyectos maduros. Cerro Vanguardia, el primer proyecto minero que tuvo, empezó a producir entre 1997 y 1998. Dentro de poco va a tener 30 años y lógicamente disminuye la calidad del mineral, porque se explotan zonas de menor rendimiento y con costos más altos. Lo mismo sucede con minas como San José, Don Nicolás y otras. Esto va en contra del incentivo a aumentar la exploración y encontrar nuevos recursos tanto en proyectos en operación como en nuevos yacimientos. Los proyectos en actividad tienen una vida por delante que no excede de los 3 ó 4 años; tal vez se puedan extender un poco más, pero con rendimientos menores. Si no se incentiva la exploración, Santa Cruz va a una situación muy compleja en los próximos 3, 4 ó 5 años”, dijo Cacciola.

Consultada sobre el tema por Infobae, la secretaria de Minería de Santa Cruz, Nadia Ricci, dijo que Carambia, el senador que impulsó el aumento del tope de regalías, “no hizo ningún tipo de consultas” con su área. La provincia, dijo la funcionaria, enfrenta un cuadro minero complejo por el cepo cambiario, algo que excede la competencia provincial, la competencia del litio y el cobre, recursos que se dan en otras provincias, y la carga de un signo político (por el kirchnerismo) que desperdició 30 años.

“Hoy estamos con yacimientos maduros, caída en producción, exploración muy baja y mucha especulación de quienes tienen las concesiones. Para nosotros el RIGI es sumamente importante y necesario. Esta ley puede reactivar la actividad y la exploración en Santa Cruz”, afirmó Ricci.

“Desconozco si el gobernador (por Claudio Vidal) habló con Carambia, pero esto (por el aumento del tope de regalías) no se condice con la política respecto de la necesidad de inversiones. No tenemos la idea de aumentar las regalías”, destacó la funcionaria provincial, quien aclaró que “como legislador, Carambia tiene todo el derecho de proponerlo, pero no tiene una lógica vinculada a la realidad de la provincia”.

Los proyectos de litio son más numerosos, pero de una escala de inversión muy inferior a los de cobre, oro y plata (Reuters)

Además, Ricci destacó la existencia de proyectos “con información geológica interesante”, algunos de ellos pertenecientes a Fomicruz, la minera estatal provincial, que suele asociarse a inversores externos.

“Estamos promocionando esas áreas para generar proyectos a futuro”, dijo, apuntando al “Macizo del Deseado”, que provee oro y plata y también podría alojar otros minerales, como tierras raras y cobre, concluyó.

Con todo, la principal expectativa de la provincia respecto del RIGI es el desarrollo de “Palermo Aike”, una formación geológica que podría tener cerca de un tercio de las reservas de “Vaca Muerta”, algo que se sabrá con mayor precisión cuando se conozcan los resultados de las exploraciones de YPF y Compañía General de Combustibles (CGC). Un desarrollo de ese tipo demandaría miles de millones de dólares de inversión.

Sobre la posibilidad de que el RIGI promueva una “competencia fiscal” entre las provincias por atraer inversiones, Freytes no la cree probable entre las que ya tienen proyectos mineros. aunque sí podría darse que provincias sin actividad minera se planteen rebajas fiscales para atraer inversiones.

De todos modos, recordó, las “nuevas” regalías serían aplicables solo a proyectos que no hayan iniciado construcción al momento de sanción del RIGI. Y otro límite de hierro son los activos geológicos con que cuentan cada una. Por caso, señaló, ninguna provincia tiene una cartera de proyectos de cobre como para competir con San Juan.

Al respecto, Cacciola, de CAEM, precisó que la provincia cuyana “tiene tres proyectos muy avanzados, en condiciones cercanas de empezar a construirse. No están operando, pero mantienen personal y están a la expectativa de si iniciarán o no la construcción y la negociación con la provincia. También Mendoza tiene decidido avanzar con la minería, aunque está limitada por la ley provincial 7.722, que restringe el uso en minería de una amplia gama de productos químicos (entre ellos, el cianuro) que sí se usan en otras actividades”.

Cacciola apuntó que cada proyecto cuprífero involucra en promedio inversiones de 4.500 a 5.500 millones de dólares. Considerando los conocidos en San Juan, Salta y Catamarca, remarcó, “estamos hablando de USD 20.000 a USD 25.000 millones de inversión en un período de 4 años a partir del momento en que se inicie la construcción; y con cinco proyectos a máxima capacidad se sumarían, dependiendo de los precios, de USD 10.000 a 12.000 millones anuales de exportación, con USD 4.000 millones de exportaciones mineras de 2023″.

“A eso hay que sumarle todos los proyectos de litio en construcción o explotación avanzada, que van de USD 300 a 700 millones por proyecto, subrayó el dirigente minero, quien recordó que algunos de los yacimientos de cobre se conocen o fueron descubiertos hace 60 años “y no se pudieron llevar adelante por lo que dije al principio: falta de confianza y de competitividad fiscal”.

¿Logrará realmente el RIGI que se hagan realidad?

Infobae