El Gobierno eliminaría el financiamiento estatal a los partidos políticos
Buscan establecer un modelo como el estadounidense, donde los adherentes a los partidos contribuyen con sus propios recursos a mantener las estructuras.
En el último presupuesto aprobado, correspondiente al año 2023, se le otorgó al Ministerio del Interior una partida para Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad por 48.500 millones de pesos, equivalentes a unos 164 millones de dólares de ese año, al tipo de cambio oficial.
En la actualidad, los partidos políticos cuentan con dos fuentes de financiamiento para su desarrollo institucional, funcional y para la consecución de sus actividades. Una es el sector público, mediante el aporte regular del Estado Nacional.
La ley 26.215 (de Financiamiento de los Partidos Políticos) establece que el Estado nacional debe distribuir dinero de forma equitativa entre todas las alianzas para la impresión de boletas. Para las actividades de campaña, los fondos públicos se distribuyen con 2 criterios: la mitad se reparte entre todos los frentes de forma equitativa y la otra mitad se asigna de acuerdo con los votos que ese frente obtuvo en la última elección para la misma categoría, según señala el sitio Chequeado.
La segunda fuente de financiamiento es privada, a través de los fondos provenientes de sus afiliados, donaciones u otras actividades propias con las limitaciones establecidas por la ley.
Entre otras restricciones, no pueden recibir contribuciones o donaciones anónimas, de entidades nacionales, provinciales, binacionales, multilaterales, municipales, entre otras. Tampoco pueden recibir fondos de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires.
La Cámara Nacional Electoral cuenta con una plataforma pública en la que quedan registrados todos los aportes en blanco. Sin embargo, especialistas advierten que en la práctica buena parte de los gastos de campaña provienen de aportes informales, tanto en dinero como en especies (como prestar un estadio para un acto, por ejemplo), que no figuran en los informes que se rinden ante la Justicia electoral.
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