El proyecto de reiterancia delictiva obtuvo media sanción y pasó al Senado
Por una amplia mayoría, el proyecto que busca endurecer el régimen jurídico para evitar la reiterancia delictiva obtuvo media sanción en Diputados. La iniciativa oficialista fue acompañada por sus aliados habituales, así como por Pro, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y casi todos los radicales de Democracia. Reunió 138 a favor, 94 en contra y 1 abstención.
La Cámara debate, además, la implementación del juicio en ausencia, cuyos avales no están en riesgo. Ambas propuestas fueron impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La media sanción se girará al Senado, donde es probable que el kirchnerismo, que retiene 34 de de las 72 bancas, intente boicotear la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Juicio en ausencia
El proyecto de ley para instaurar el juicio en ausencia en el país lo presentaron los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) en las vísperas del trigésimo aniversario del atentado contra la AMIA. Obtuvo dictamen de mayoría en octubre y contó con el aval de casi todas las fuerzas políticas menos el kirchnerismo.
Permite el juicio en ausencia para delitos graves como crímenes de lesa humanidad o terrorismo, siempre que el imputado no pueda ser hallado tras intentos razonables. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo establece condiciones específicas para la implementación del juicio en ausencia. En primer lugar, esta medida se aplicará cuando el acusado haya sido declarado rebelde, es decir, si, a pesar de conocer el proceso en su contra, evita comparecer, ignora los requerimientos judiciales o evade la acción de la justicia. También se contempla esta posibilidad cuando, tras cuatro meses de búsqueda activa a nivel nacional o internacional, no se logre localizar al imputado.
Otra circunstancia en la que se podrá recurrir al juicio en ausencia es cuando un pedido de extradición formulado por Argentina sea rechazado o quede sin respuesta dentro del plazo estipulado, siempre que el Poder Ejecutivo no haya autorizado que el acusado sea juzgado en el país requerido.
Para salvaguardar el derecho a la defensa, la normativa prevé que el juez designe un defensor oficial si el imputado no cuenta con uno propio, aunque este podrá nombrar un abogado de su confianza en cualquier momento del proceso. Además, la presencia física del acusado no será obligatoria en ninguna instancia judicial, ya que todos los derechos que le corresponden serán ejercidos en su nombre por su defensor, según lo estipula el proyecto.
El objetivo de la propuesta es garantizar la continuidad de los procesos judiciales en casos donde el imputado evade la justicia. Podría ser utilizado en la causa AMIA contra los imputados iraníes. Irán se negó a extraditar a sus ocho ciudadanos acusados por el ataque a la mutual judía.
La Nación
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