El Gobierno rescindió un contrato millonario con la obra social de trabajadores rurales
La intervención en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) decidió esta semana rescindir un convenio con el sindicato que desde 2007 le proveía de personal para atender unas 500 bocas de expendio en todo el país tras considerar que era “ineficiente, sin los controles necesarios y representaba un gasto mensual cercano a $700 millones, que ahora -se informó oficialmente- se destinarán exclusivamente a mejorar las prestaciones médicas de los trabajadores rurales”.
La resolución fue adoptada por Marcelo Petroni, el interventor designado a fines de noviembre pasado por el Ministerio de Salud para “sanear” la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la segunda más numerosa de la Argentina, con unos 760.000 afiliados, luego de haberse detectado una serie de irregularidades en el manejo de los fondos.
La primera auditoría encargada por el interventor Petroni puso en foco una trama de multimillonarios fondos mal administrados, sin controles adecuados, sospechas de fraude y diversas irregularidades, que derivaron en una deuda de casi 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones de pesos.
Esa misma información fue entregada a la Justicia porque desde hace meses el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga a Voytenco, a quien en octubre pasado le embargó los bienes e inhibió sus cuentas por presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos sindicales y lavado de activos a partir de la denuncia de otro dirigente de UATRE, Marcelo Andrada.
El sindicato, liderado por José Voytenco, opositor al Gobierno, calificó de “falsas acusaciones por motivaciones políticas” el resultado de la auditoría y aclaró que “el Consejo Directivo designado por la UATRE implementó en los casi 60 días que pudo accionar administrando la OSPRERA durante septiembre y casi todo octubre transparentes e importantes mejoras hasta que, en una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el Gobierno volvió a intervenirla”.
Ahora, Petroni rescindió el contrato que estaba vigente desde 2007 que le permitía a la obra social tener unas 500 bocas de expendio en todo el país, “un sistema obsoleto de entrega de vales presencial para luego acceder a la atención médica”, según afirmó el interventor en un comunicado de prensa.
Infobae
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