Alberto Fernández fue imputado por la extensión de la cuarentena: el fiscal Stornelli ordenó llamar como testigos a economistas
El fiscal Carlos Stornelli imputó formalmente al ex presidente Alberto Fernández en la causa que se abrió luego de que el ex ministro de Economía de su gobierno, Martín Guzmán, dijera en una entrevista que el aislamiento durante la pandemia se habría extendido por razones políticas.
Luego de la denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, Stornelli impulsó la causa y ordenó no solo recabar datos estadísticos y normativos durante el encierro por la irrupción del Covid-19, sino también llamar a declarar a un grupo de economistas.
“Se investigarán en autos las posibles conductas delictivas llevadas a cabo en presunto abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de toda otra figura que pudiera surgir con el devenir de la investigación, en que habría incurrido, cuanto menos, el ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, al extender —según se denuncia— por razones indebidas, mediante el dictado de los respectivos actos normativos, las restricciones sanitarias correspondientes a la pandemia declarada con motivo del COVID-19, que comenzara en el año 2020″, sostuvo el fiscal en el dictamen al dar inicio a la investigación.
Allí se destaca que quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno, Martín Guzmán, sostuvo en una entrevista periodística que “dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido” y que ello obedeció a motivos de conveniencia política o una suerte de “bandera más política”, ya que le estaba yendo “bien con la sociedad” y “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”. “Entonces, por mucho tiempo era ‘no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’”, añadió.
En su dictamen, Stornelli ordenó recabar la totalidad de las normas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia del Covid-19, a través de las cuales se establecieron restricciones para las libertades ambulatorias de las personas, la posibilidad de llevar a cabo reuniones de cualquier tipo y sobre las distintas actividades económicas y sociales. “A su vez, resultaría de interés contar con aquellos antecedentes técnicos —y dictámenes jurídicos— que dieron sustento a aquellas decisiones, debiéndose recabar, al efecto, los expedientes completos”, añadió.
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