Caso de los seguros: Alberto Fernández fue imputado por presunto desmanejo de fondos públicos

Alberto Fernandez sumó la segunda imputación por el presunto desmanejo de fondos públicos en la contratación de seguros.

El fiscal Ramiro González ya lo había señalado como acusado en otra causa, que por ahora se tramita por separado, y que se inició por la denuncia de la abogada Silvina Martínez. En ese expediente, el juez Julián Ercolini este lunes ordenó allanamientos y este martes dispuso una serie de operativos para hacerse de documentación para la causa. Salieron del juzgado de Ercolini 27 órdenes de presentación pidiendo contratos a distintas compañías de seguro.

Ramiro González dispuso la investigación de la denuncia penal que presentó el Gobierno por irregularidades con seguros contratados por el Estado e imputó al expresidente Alberto Fernández y a otros dos exfuncionarios: Alejandro D’Angelo Campos (exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses) y Alberto Pagliano (extitular de Nación Seguros). También, a los responsables de dos compañías de seguros.

González ya lo había señalado como acusado en otra causa, que por ahora se tramita por separado, y que se inició por la denuncia de la abogada Silvina Martínez. En ese expediente, el juez Julián Ercolini este lunes ordenó allanamientos y este martes dispuso una serie de operativos para hacerse de documentación para la causa. Salieron del juzgado de Ercolini 27 órdenes de presentación pidiendo contratos a distintas compañías de seguro.

En los allanamientos del lunes, que estuvieron a cargo de la Policía Federal, fueron secuestradas una notebook, una tablet, dos pendrives, cuatro teléfonos celulares, un DVD, dos agendas y documentos. Durante la mañana de este martes los funcionarios judiciales trabajaron en el inventario de todo lo secuestrado para después ordenar una serie de análisis y peritajes.

González relató en su requerimiento de instrucción que esta nueva causa se abrió a raíz de la denuncia efectuada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y otros funcionarios que se desempeñan hoy en el Gobierno. La denuncia apuntó contra D’Angelo Campos “y/o contra todo funcionario público y/o persona humana y/o jurídica que pudiera haber participado de la maniobra”. Pero el fiscal consideró que Fernández también podría haber sido parte de la maniobra -por el decreto que firmó, que impuso a Nación Seguros como aseguradora- y debe ser investigado; por eso, lo imputó.

Los denunciantes hicieron referencia -relató el fiscal- a “un perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A. en el marco de la operatoria ‘Créditos Anses’ (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)”. Con relación a ello -detalló el fiscal González-, “expresaron que la Anses contrató coberturas de seguros con Nación Seguros SA utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.

Según la denuncia, por orden de D’Angelo Campos, “el 22 de mayo de 2023 se dispuso designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. (…) en carácter de organizador y a TG Broker S.A. (…) en carácter de productor asesor de seguros, para intervenir en los contratos de seguros mencionados (‘Seguros de vida colectivo de saldo deudor’ del Fondo de Garantía de Sustentabilidad)”, sin encontrarse plasmada dicha circunstancia en algún expediente administrativo” y, siempres según los denunciantes, “tampoco se encontraba la remisión de dicho acto por medio del sistema GDE (Gestión Documental Electrónica) que obligatoriamente debe utilizar Anses”.

Pettovello denunció que “se designaron arbitrariamente y sin licitación previa o compulsa entre empresas del ramo, sociedades para lucrar con los contratos de Nación Seguros S.A”. Entre otras presuntas irregularidades, la denuncia sostienen que “las maniobras denunciadas se refieren a un universo de prima pura pagada por ANSES a Nación Seguros S.A. durante el período marzo 2022–octubre 2023 que asciende a casi $10.000.000.000 nominales” y “ello surgió de un informe técnico de la nueva gestión de la Anses, a partir de la cual se resolvió no renovar la operatoria oportunamente aprobada por el Convenio Interadministrativo aludido”.

En su requerimiento, el fiscal pidió diez medidas de prueba para avanzar con la investigación. Entre ellas, informes a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Superintendencia de Seguros. González también solicitó que sea citado como testigo el extitular de la Anses Osvaldo Giordano.

La Nación