Cómo funcionó el mecanismo de corrupción que terminó con la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Una matriz de corrupción destinada a robarle fondos al Estado. Esa es, en esencia, la acusación que afrontó Cristina Fernández de Kirchner, que el Tribunal Oral Federal N°2 consideró probada y que la Cámara de Casación Penal confirmó este miércoles. Así lo sostuvo el fiscal federal que investigó el “caso Vialidad”, Gerardo Pollicita.

Así lo estimó el juez federal Julián Ercolini al elevar el expediente a juicio oral. Así lo refrendó la Cámara Federal cuando la pesquisa pasó por sus estrados. Y así concluyeron el tribunal oral y la más alta instancia penal del país: ella, otros funcionarios y Lázaro Báez defraudaron al Estado por miles de millones de pesos. Fortunas que terminaron, en parte, en los bolsillos de la familia Kirchner a través de una operatoria hotelera e inmobiliaria que reveló LA NACION tras una investigación que insumió cuatro años.

El máximo responsable de impulsar la acusación durante el juicio oral, el fiscal Diego Luciani, lo sintetizó con lenguaje llano: “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo durante su primera audiencia, el 1° de agosto. Y ahondó en sus distintos tramos durante días.

Como Pollicita e Ignacio Mahiques en primera instancia, Luciani se concentró en entender y explicar el vínculo que la familia Kirchner desarrolló con Lázaro Báez, el correntino que migró al Sur, logró entrar como empleado al Banco de Santa Cruz y que de la mano del entonces gobernador Néstor Kirchner trepó hasta resultar decisivo dentro del banco, para luego convertirse, en un abrir y cerrar de ojos, en magnate de la obra pública. No sólo eso: desarrolló más de una docena de vínculos comerciales, registrales, patrimoniales o bancarios con la familia Kirchner, según verificó LA NACION durante los último doce años.

Solo entre 2003 y 2015, además, las constructoras de Báez recibieron 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, Es decir, el 78% de todos los proyectos que se asignaron durante esos años al pago chico de los Kirchner. Y eso, aún cuando las empresas de Báez apenas concluyeron tres obras de acuerdo al cronograma y según las pautas fijadas. Dato adicional: el holding de empresas de Báez apenas terminó 27 de esas 51 obras. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas”, remarcó Luciani. “Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”.

Luciani, su colega Sergio Mola y el resto de su equipo, como antes Pollicita con su Fiscalía, analizaron obra por obra. Detectaron que Austral Construcciones y otras empresas de Báez recibieron adelantos financieros superiores a los previstos por ley; en varias licitaciones se simuló una puja de precios entre constructoras del mismo holding de Báez. No sólo eso. También detectaron sobreprecios y prórrogas de ejecución injustificadas, sin que eso afectara los pagos. El Estado le pagó siempre, todo, aunque la obra quedara inconclusa.

En efecto, determinaron los fiscales, y a diferencia de lo que ocurrió con otras empresas abocadas a la obra pública en distintos puntos del país, el holding de Báez liderado por Austral Construcciones fue el único que llegó a diciembre de 2015 sin acreencias con el Estado nacional. Por el contrario, poco antes de marcharse, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner le abonó $537 millones por obras que jamás terminó.

¿A cuánto habría ascendido la defraudación contra las arcas públicas? Difícil saberlo, aunque el fiscal Pollicita estimó en su dictamen que el emporio de Lázaro Báez recibió $8000 millones, cifra que actualizada a 2016 trepaba a $46.000 millones. Es decir, alrededor de US$3000 millones al tipo de cambio vigente a fines de ese año. Según el tribunal oral, el monto superaba en 2022 los $84.000 millones. La cifra, actualizada hoy por inflación, sería muchísimo más elevada aún.

La otra pregunta que debieron responder los fiscales para convencer al tribunal oral fue quiénes protagonizaron estas maniobras desde las entrañas del Estado. Y allí es donde tanto Pollicita como Luciani determinaron que la matriz excedía a un puñado de empleados infieles dentro de Vialidad Nacional o, incluso, del Ministerio de Planificación Federal que lideraba Julio de Vido, a quien el tribunal absolvió. Pero los magistrados sí concluyeron que el eslabón decisivo estuvo en la Casa Rosada.

“Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez”, explicó Luciani. “El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.

Desde el Ministerio Público Fiscal también reconstruyeron que los funcionarios que durante años estuvieron a cargo de la obra pública eran de máxima confianza de la familia Kirchner. Muchos de ellos, incluso, habían ocupado cargos en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, vinieron con él a Buenos Aires en 2003 y que muchos de ellos permanecieron en sus cargos hasta el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellos, el titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. En palabras de Pollicita, fue una “matriz” santacruceña que se “exportó” a Buenos Aires.

Esos funcionarios fueron, a su vez, eslabones entre Báez y la cúspide del poder, según la Fiscalía, que se apoyó para probarlo en los mensajes telefónicos que López intercambió con Báez, con Máximo Kirchner –que por entonces no ocupaba cargo público o electivo alguno- y con varios funcionarios. Esos “chats” aportaron detalles sobre reuniones suyas con la entonces Presidenta en la Quinta de Olivos y de ella con Báez en Santa Cruz. Pero también quedaron expuestos los intercambios de López con el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, para coordinar el cierre de las empresas.

Dicho de otro modo: De Vido y todos los que ejercieron la Jefatura de Gabinete durante el kirchnerismo no terminaron condenados porque el circuito criminal no coincidía con el escalafón formal de la administración pública. La trama delictiva corría en paralelo, con terminales en Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, José López y Báez y sus lugartenientes, como el mencionado Julio Mendoza. Acordaban entre ellos lo que luego otros -cómplices o inocentes- debían plasmar en los expedientes administrativos. Y así quedó expuesto en una plataforma de comunicación digital: WhatsApp.

“Lázaro Báez era Néstor Kirchner”

“Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz”, esgrimió Luciani, durante su acusación. “Analizamos 26.000 mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”.

Para Luciani, el siguiente paso fue describir el esquema completo de la matriz de corrupción. Invocó, para eso, a la sociedad Hotesur, controlante del Alto Calafate, el hotel de la entonces familia presidencial en El Calafate, y a la sociedad “Los Sauces”, con la que los Kirchner gestionan el alquiler de sus inmuebles. En esa operatoria, ya había alertado el fiscal Pollicita, años atrás, los Kirchner contaron también con la asistencia de Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo Sanfelice, entre otros. Y según Luciani, el primer objetivo era girar a Báez dinero de la obra pública vial para luego “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos con el fin de disimular su apariencia ilícita”.

Solo así, desde su totalidad, concluyeron los fiscales, y en 2022 refrendó el tribunal oral, se comprende la operatoria criminal que comenzó en Santa Cruz hace dos décadas. Cristina Fernández de Kirchner y un puñado de funcionarios defraudaron al Estado para de ese modo beneficiar a Báez, el correntino que se definió como “amigo” de Néstor Kirchner y que, tras la muerte del expresidente, Báez continuó los negocios con Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Así lo confirman los intercambios por WhatsApp y los cheques que cobró el jefe máximo de La Cámpora.

Apenas un ejemplo de muchos: al mismo tiempo que Báez pagó por miles de habitaciones y salones que jamás usó u ocupó en los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de la familia Kirchner, también se convirtió en condómino con la entonces Presidenta en un terreno de El Calafate, como antes le prestó millones de Austral Construcciones al ex presidente -sin cobrarle intereses-, y compró la casa familiar en Río Gallegos. Y a eso cabe sumar lo ocurrido con otros inmuebles de los Kirchner, que tanto Báez como Cristóbal López y Fabián de Sousa alquilar en la Patagonia y en la ciudad de Buenos Aires. Y mucho, mucho más.

Aquí conviene remarcar, por último, que al igual que YPF –que negó haber alquilado los salones hoteleros que en los libros de Valle Mitre constaba que había alquilado- el propio Báez ya admitió los dibujos hoteleros. Sí, al menos dos de sus empresas admitieron ante la Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que aquellos supuestos alquileres de esas habitaciones y salones hoteleros no existieron. Lo confirmaron Don Francisco y La Estación –ambas firmas ubicadas en Río Gallegos, distante 300 kilómetros de El Calafate–, en el expediente por “la ruta del dinero K” y en la investigación por evasión que tramitó ante el juez en lo Penal Económico López Biscayart.