Eduardo Belliboni fue procesado por desvío de fondos y lo embargaron por $ 390 millones
Al líder el juez Sebastián Casanello lo imputó y embargó por $390.000.000, por el desvío fondos que debían destinarse al Plan Potenciar Trabajo y se usaron para financiar política partidaria; investigan el rol de los funcionarios.
El delito está tipificado como administración fraudulenta en perjuicio del Estado: según el juez hay pruebas suficientes para sostener que Belliboni desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria.
Lo hizo mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma -Rumbos- que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.
Casanello advirtió que incluso se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación. “Amenazas coactivas” son los otros delitos que se investigan en este expediente. No solo por estas presuntas cápitas. El juez consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, que se habían comprometido a controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, lo que les exigía, en realidad, era que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan. Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un “desvío” de fondos, sino también un “aprovechamiento de la posición de poder” que tenían los que debían acreditar que se cumpliera la contraprestación del Potencial Trabajo y, en cambio, obligaban a los beneficiarios a una militancia partidaria.
El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión) se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.
