El Gobierno audita 400.000 pensiones por invalidez laboral otorgadas en los últimos años
El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, comenzó a auditar las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una investigación oficial había revelado “graves irregularidades” y “un esquema de corrupción”. Solo el 7% cumplían con los requisitos establecidos. En ese marco, el 19 de julio el portavoz presidencial Manuel Adorni denunció el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas por USD 3.400 millones.
La medida se realiza de manera paralela a la denuncia penal que realizó Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, y tramita en la fiscalía de Guillermo Marijuán. Entre esas presuntas irregularidades se había detectado que en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, se gestionó ante el organismo una pensión por discapacidad laboral con la radiografía de un perro. Según el detalle al que accedió este medio, las irregularidades incluyen, por ejemplo, 150 expedientes en los que se utilizó la misma radiografía de hombro para justificar el diagnóstico clínico. En otros registros, en vez de la descripción médica de la incapacidad se transcribió un poema.
El Gobierno sospecha que de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que paga el Estado, unas 500.000 podrían ser “truchas”, es decir, mal otorgadas.
Esos números surgen de un muestreo que había realizado la ANDIS sobre los expedientes a través de los cuales se accedió a la pensión. A partir del viernes se comenzó a procesar el 100% de los casos. Es decir, todos están bajo la lupa y serán dados de baja en caso de hallar inconsistencias. Desde el 4 de julio la ANDIS pasó a depender del Ministerio de Salud a cargo de Mario Russo.
La “auditoría parcial” sobre las pensiones laborales por incapacidad -y el cambio de modalidades para otorgarlas impuestas por el gobierno del Frente de Todos- arrojó resultados que alertaron a las autoridades y eso derivó en la causa penal. Sobre los 2.559 casos auditados “solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, relataba el informe al que accedió Infobae. “También se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, se afirma. Las actuales autoridades sostuvieron: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándose a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.
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