El Gobierno concedió modificaciones a la reforma laboral y se asegura la aprobación de la Ley Bases

Oficialismo y oposición acordaron convocar para este mediodía a un plenario de comisiones para dictaminar sobre los proyectos de Ley de Bases y reformas fiscales promovidas por el Gobierno. El objetivo es darles media sanción en el recinto la semana próxima.

A última hora de este miércoles el Gobierno elevó a los bloques dialoguistas una contrapropuesta para intentar saldar las diferencias. Se trata de una reforma laboral acotada que no incluye los artículos más resistidos por los sindicatos, entre ellos el de la llamada “cuota sindical”.

Las negociaciones amenazaron con naufragar cuando, a instancias del bloque radical que conduce Rodrigo De Loredo, el Gobierno accedió a incorporar en el último borrador de la Ley de Bases una réplica del capítulo de reforma laboral contemplado en el decreto 70/23 que dictó el presidente Javier Milei en diciembre pasado y que, posteriormente, fue suspendido por la Justicia. En el texto incluyó un artículo por demás cuestionado por la CGT: aquel que limita el descuento compulsivo, a todos los trabajadores (afiliados o no), de la llamada “cuota sindical”, esto es, una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo que, históricamente, sirvió para financiar las arcas de los gremios.

El radicalismo, cuyo bloque de 34 miembros es clave para asegurar el quorum y la aprobación del proyecto, le anticipó al Gobierno que solo votaría la nueva Ley de Bases si se incorporaba en el texto la reforma laboral, una demanda del sector de las pequeñas y medianas empresas para flexibilizar las condiciones de contratación previstas en la ley.

La CGT confiaba en que el Gobierno haría caso omiso a las pretensiones radicales; ése era, al menos, el compromiso de palabra que había recibido de sus interlocutores en la Casa Rosada, Guillermo Francos y Santiago Caputo, con quienes venían tejiendo lazos de negociación. Menuda fue su sorpresa cuando, el lunes último, leyeron el último borrador de la Ley de Bases que el Gobierno le remitió a los legisladores: allí replicaba, con pocas modificaciones, el capítulo entero de reforma laboral, incluida la cuestión espinosa de las cuotas sindicales.

La sola mención del asunto enfureció a los popes sindicales. En el texto se establece que “sólo se podrá descontar a los trabajadores no afiliados (la cuota sindical) si hay consentimiento expreso de ellos” y aclara que “esta autorización podrá ser revocada”. “En ningún caso los empleadores estarán obligados a retener cuotas, aportes o contribuciones y depositar importes a más de un sindicato”, se agrega.

La furia de los gremialistas llegó a la Casa Rosada y a los despachos de algunos líderes opositores. Entre ellos al de Miguel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal. De inmediato Pichetto avisó que no acompañaría la incorporación de la reforma laboral a la Ley de Bases. “Cuando te sorprende un domingo por la noche el señor (Julio) Cordero, secretario de Trabajo, y vienen con 60 artículos (de la reforma laboral)… no, eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo’”, despotricó Pichetto ayer, en declaraciones radiales.

Las declaraciones de Pichetto pusieron en alerta al oficialismo. Cuando se reanudaron las negociaciones por la Ley de Bases, ayer por la mañana, la postura del bloque radical fue taxativa.

“El Gobierno se comprometió con nosotros (el radicalismo) que se incorporaría la reforma laboral en la nueva Ley de Bases. Con el bloque de senadores radicales presentamos un proyecto en ese sentido. Si finalmente no se incluye, no va a salir la nueva ley de bases”, advirtieron los radicales, tras lo cual se levantaron de la mesa de negociaciones que se desarrollaban en el despacho del presidente Martín Menem, presidente de la Cámara baja.

Frente al peligro de que naufragaran las negociaciones, el oficialismo convocó a Pichetto, quien concurrió acompañado por Emilio Monzó y Florencio Randazzo. Allí anticipó que aceptaría, eventualmente, incluir solo tres puntos de la reforma laboral: la creación de un fondo de cese laboral (al estilo Uocra); la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la extensión a ocho meses del período de prueba para los trabajadores con contratos de tiempo indeterminado.

El oficialismo accedió e incluyó estos tres puntos en la contrapropuesta que, anoche, remitió a los bloques dialoguistas. “Estamos para votar una reforma laboral acotada sin incluir la cuestión sindical”, indicaron desde ese bloque. La bancada de Pro, representada por Cristian Ritondo y Silvana Giudici, coincidieron.

Desde el radicalismo, en cambio, anticiparon que insistirán en ir a fondo contra la “casta sindical” y reclamarán en el recinto que se elimine el descuento compulsivo de la cuota sindical de los salarios de los trabajadores. Aclaran, no obstante, que darán quorum en la sesión del lunes próximo y que votarían en general la iniciativa. “Nuestra prioridad es que se incluya una reforma laboral que beneficie a las PyME. Si la cuestión sindical queda afuera lo plantearemos en el recinto y que el resto de los bloques explique por qué no quiere ir contra las cajas sindicales”, deslizan.

La Nación