El Gobierno convocaría a sesiones extraordinarias, pero no para tratar el Presupuesto sino la eliminación de las PASO

El Gobierno analiza convocar a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 1° de diciembre, pero en el temario que evalúa no aparece el Presupuesto 2025 sino otros proyectos en paralelo: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de cambios al sistema de financiamiento y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

En la eventual convocatoria a sesiones extraordinarias, según dejaban trascender esta tarde en la Casa Rosada, no se incluiría el tratamiento del Presupuesto 2025, cuyo futuro se empantanó este martes luego de que el oficialismo suspendiera el dictamen de comisión. La falta de acuerdo con gobernadores y la oposición fueron parte del trasfondo político de la decisión, que hoy también complicó el tratamiento en el recinto del proyecto de Ficha Limpia, que impulsan Pro y La Libertad Avanza (LLA).

De tratarse y aprobarse, lo que incluso en el oficialismo admitían como un escenario difícil, los cambios propuestos en materia electoral podrán ser introducidos hasta el 30 de junio de 2026, para que “todos los partidos se adecuen a las modificaciones”, detallaron en la Casa Rosada. Aunque la eliminación de las PASO, si se aprobara, ya podría reflejarse en las próximas elecciones.

Por lo pronto, en materia electoral, el único cambio que hay para las próximas elecciones es el de la Boleta Única, que ya se aprobó semanas atrás en el Congreso. La idea del Gobierno marca un nuevo giro con lo que hasta ahora venía manejando como un escenario posible en caso de extraordinarias. Allí se barajó incluir primero los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, así como también el Presupuesto 2025. Sin embargo, ambas iniciativas quedaron desechadas.

Los proyectos

“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, dijo el vocero Manuel Adorni el viernes pasado en conferencia de prensa, al tiempo que apuntó al costo de $45.445 millones registrado durante las Primarias del año pasado. Asimismo, aseguró que desde su implementación en 2011 “hubo sólo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral de 1,5% para poder después participar de las elecciones generales”.

Poco después, desde el corazón libertario insistían en que las PASO “no cumplieron su propósito general” y la definían como “una encuesta paga” de los partidos políticos, que ellos decidieron dejar de financiar con la plata del Estado y para garantizar el “equilibrio fiscal”. A lo que agregaban que se sumaba el “respetar el ámbito de funcionamiento libre de los partidos políticos” y un “calendario que no desgaste a la ciudadanía”.

También, según explicaron fuentes oficiales, se incorporan modificaciones para “garantizar el funcionamiento democrático”, como que haya una “veeduría judicial” en las internas de los partidos y disposiciones para que se reduzcan los plazos recursivos en casos de quejas o planteos por lo que allí suceda.

En la sede de Gobierno detallaban que para llegar al proyecto hubo reuniones, entre otros, con representantes de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y se tuvieron en cuenta elementos de otros proyectos presentados por partidos políticos. Para la Cámara está prevista la creación de un fiscalía general, lo que significaría “dar respuesta a un reclamo de años”, sostenían.

Como consecuencia de la eliminación de las PASO no habrá debates presidenciales tal y como la ley los contemplaba hasta ahora. “Se desregula”, decían en Gobierno, aludiendo a un concepto al que adhieren. La eliminación la explicaban como una consecuencia de que al “no haber el piso del 1, 5% de las PASO que marcaba el piso para entrar al debate, se desregula”. “No existe más” o “no está institucionalizado”, eran otros términos usados para referirse al cambio. Por lo que ahora, para que haya debate deberá decidirse entre los involucrados directos de los partidos.

El otro eje de lo que se apunta a modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, para “reducir el gasto público” y “transparentar los recursos que reciben los partidos”. La idea que tienen en el Gobierno es que “todo sea trackeable”. Así como planean eliminar el aporte extraordinario de campaña. “El Estado se corre del financiamiento de la campaña, pero no del financiamiento para el sostenimiento de los partidos políticos”, mencionó una fuente de Casa Rosada al tanto de la letra más chica del proyecto.

También se contempla la ampliación de los aportes por persona física o jurídica que pasarán de 40 a 300 millones de pesos y se elimina el gasto a los límites de campaña. En cuanto a los espacios públicos, que hasta ahora el 50% lo cedían los medios de comunicación y el otro iba a cuenta de impuestos, “pasa a ser libre. Hay libertad de contratación. Deja de estar regulado el tema”, recalcaron. El punto, admiten, afectará a los partidos más chicos, pero trataban de mitigar esa realidad sosteniendo que “puede desafiarlos a buscar más opciones para que los financien”.

La nueva propuesta incorpora que la bancarización del ingreso de aportes puede darse a través “de cualquier entidad bancaria y no solamente a través del Banco Nación, como era hasta ahora”, resaltaron. Tampoco estará regulado el tipo de moneda en que deberán hacerse los aportes, que incluso podrían hacerse en Bitcoin si alguien quisiera, explicaban.

El proyecto también apunta modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos “para mejorar su representatividad y evitar los sellos de goma”, como mencionó Adorni en Casa Rosada, donde ampliaban que los cambios eran “para evitar la proliferación de partidos políticos que no tienen representatividad y solo buscan una finalidad económica”.

En ese sentido aludían a que en la Argentina hay 49 partidos nacionales, mientras que en Chile y Paraguay existen la mitad de los primeros, en Uruguay 12 y en Brasil 33.

Para mejorar la representatividad también apuntaban a la afiliación de forma digital. Para mejorar la representatividad, indicaron en la Casa Rosada, también se subirá a 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral, a diferencia del 0,4% actual, y tener un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. “Esto significa un mayor esfuerzo para aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones y sacan siempre alrededor del 2% de los votos”, deslizaron en la sede gubernamental.

Para La Nación, Cecilia Devanna