El Gobierno judicializará la ley de jubilaciones si es ratificada por el Congreso

El Gobierno ratificó una y otra vez a lo largo del día que el presidente Javier Milei vetará la ley aprobada por la oposición en el Congreso, que reajusta las jubilaciones.

Cuando se aprobó, la confluencia de diferentes bloques mostró que el conglomerado opositor tenía los votos suficientes para rechazar el anunciado veto presidencial. En la Casa Rosada reconocen que es un escenario posible y anticipan que se evalúa ir a la Corte Suprema si se profundiza el conflicto de poderes.

“No hay marcha atrás, ni negociación; la decisión está tomada”, dijo al mediodía el portavoz presidencial Manuel Adorni ante una pregunta en relación con la reacción del Gobierno frente al proyecto convertido en ley por la abrumadora mayoría de los senadores.

La judicialización de la ley, si es que el Congreso insiste en su sanción con dos tercios de los votos en ambas cámaras, es vista como opción “inevitable”.

La Casa Rosada venía sosteniendo que el veto sería total. Sin embargo, el lunes por la tarde, el Gobierno dejó la puerta abierta a un veto parcial. Esa posibilidad puede acercar aliados.

Todavía no hubo contacto con gobernadores. Dos de ellos afirmaron que no fueron consultados por el Poder Ejecutivo. Tampoco hubo todavía llamados a los legisladores del Pro de Mauricio Macri.

El proyecto aprobado por el Congreso establece el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones.

“Veto va a haber, la intensidad depende del Presidente”, sostuvo un alto miembro del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la misma fuente enseguida no dio por seguro el veto total. “Hasta que no se firme el veto total, no está hecho”, afirmaron muy cerca del primer mandatario. Y subieron la apuesta al dejar trascender que está en los planes del Gobierno encarar una reforma previsional que dé marcha atrás con los 3.7 millones de haberes jubilatorios, otorgados por distintas administraciones kirchneristas, la primera de ellas con Sergio Massa como titular de Anses, en 2005.

“El 65 por ciento de los jubilados actuales recibe un subsidio, no una jubilación, porque no aportó los años que debía hacerlo”, continuaron cerca del Presidente, aunque descartaron que el impulso de la reforma, que sin dudas tendrá la resistencia del kirchnerismo y otros bloques, se produzca en el corto lapso.

Mientras insisten en que “las jubilaciones se recuperaron durante este Gobierno” y enfatizan en la responsabilidad de las gestiones anteriores, en la Casa Rosada reiteran que el proyecto aprobado “es un delirio irresponsable demagógico y populista” de la oposición, y que harán todo lo posible para bloquear su cumplimiento. ¿Cuando saldría el veto? “Con respecto al tema burocrático entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, ya veremos cómo avanza administrativamente”, dijo también Adorni durante su conferencia de prensa diaria en Balcarce 50.

“Ya sabíamos que esto iba a pasar, pero tenemos plan B, C y D”, se ufanó un funcionario cuando la consulta giró en torno a los próximos pasos del Gobierno. Judicializar la eventual ratificación de la norma, o reorientar partidas está previsto en ese combo de posibles respuestas, siempre con la acusación al parlamento de “querer voltear” el superávit fiscal, y con él, una de las premisas “intocables” de la actual administración.

El vínculo del oficialismo con el Congreso, luego de tres derrotas consecutivas (a la actualización jubilatoria se sumaron el rechazo a los fondos de la SIDE y la entronización del radical Martín Lousteau como titular de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia), no pasa por su mejor momento. “Ya logramos lo que queríamos, que era la ley Bases. El resto…habrá que esperar al año próximo”, comentó otro vocero oficialista en referencia a las nuevas mayorías que, en sólo una semana, contrariaron los deseos del Poder Ejecutivo. “También habrá que elegir mejor a nuestros candidatos”, coincidieron, con ironía, dos espadas del oficialismo, algo incómodos por las sucesivas y reiteradas peleas y disidencias que dividen a los bloques legislativos de La Libertad Avanza, y que podrían determinar, este martes, la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta y el senador Francisco Paoltroni de esos bloques.

“Siempre vamos a perder cuando el 65 por ciento de los legisladores se junten contra nosotros”, razonaron desde el primer piso de Balcarce 50, desde dónde apuestan a la “razonabilidad” de partidos provinciales y del Pro para evitar, antes de la judicialización, que una de las dos cámaras no llegue a sumar dos tercios de los legisladores para voltear el eventual y esperado veto presidencial.