El Gobierno presentará un proyecto para eliminar más de 100 leyes regulatorias

“Vamos a intentar de que Hojarasca se mande a Diputados lo antes posible, nuestro ideal sería esta semana, pero depende de los equipos técnicos”, expresó un funcionario cercano al presidente.

El proyecto de Sturzenegger propone derogar una serie de normas impulsadas durante los gobiernos militares de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, junto con el de Isabel Perón. Se trata de regulaciones como la ley 20.802, que fue sancionada en 1974 y establece el marco para el carnet de mochilero.

Determina su uso obligatorio para “todos aquellos que, con fines turísticos, soliciten la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar”. Se les brinda preferencia para acampar y establece el área de Turismo como autoridad de aplicación.

Otra de las leyes que busca eliminar es la 12.913, que regula la actividad de las palomas mensajeras e impulsa la fiscalización y supervisión de los criaderos a través del Ministerio de Defensa. Se las declara de utilidad pública.

Establece además un reglamento sobre las señales de identificación y determina la inscripción de las aves en un registro, de forma que el Ejecutivo pueda hacerles un seguimiento jurídico en caso de que se vendan. Fija una multa de $200 por incumplimientos.

Javier Milei le pidió a Sturzenegger que lleve a cabo la reforma del Estado, que implica el uso de las facultades administrativas para modificar y eliminar organismos de la administración central o descentralizada.

Es por eso que el ministro trabaja en un decreto para eliminar 60 organismos públicos, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.

Quedó a cargo además de la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que preside María Reggi. Se trata del áera que impulsa la reducción de los empleados estatales. El Gobierno ya desplazó a más de 23.000 trabajadores bajo la categoría de contratados.

Anunció además el impulso de un examen de ingreso anónimo para los futuros empleados de la función pública. “Permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución de separar la política del empleo público”, expresó en X.

Avanzó sobre la reforma aerocomercial con decretos reglamentarios del DNU 70/2023, que establece la eliminación de la audiencia pública, la incorporación de un nuevo régimen de autorizaciones de rutas, cambios en el registro de aeronaves y la digitalización de trámites.

Prepara también un proyecto para impulsar un marco normativo que permita el pago de propinas a través de medios electrónicos. Propone la posibilidad de sumar el adicional al ticket de compra.

TN