Habrá un RIGI para el hidrógeno y una nueva ley de energías renovables

El Gobierno buscará tratar este año cuatro leyes relacionadas a la energía, con el objetivo de darles continuidad a los negocios de sectores que se apalancaron en leyes de incentivos, como los biocombustibles y las energías renovables.

Además, el «paquete legislativo» que analizan los diputados de La Libertad Avanza incluye un nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) orientado exclusivamente al desarrollo del hidrógeno y otra ley para certificar emisiones de carbono, de manera de adaptar a la Argentina a las normativas ambientales del «primer mundo», donde está la demanda futura de los productos que puede vender el país: petróleo, gas licuado, cobre y litio.

Los proyectos

La primera ley que se presentará en la Comisión Permanente de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados es la de energías renovables. El 31 de diciembre de este año expiran los incentivos de la ley 27.191, que modificó en 2015 el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía en Argentina, sancionado en 2006.

Allí se estableció una serie de incentivos fiscales para promover sobre todo la energía eólica y solar, con un objetivo de llegar a este año con un 20% de uso de las renovables en la matriz eléctrica. Esa meta no se cumplirá, pero quedará cerca y el consumo de energía renovable podría rondar el 18% promedio en 2025.

En adelante, el sector privado busca «estabilidad» en las reglas, los impuestos y los contratos. «Que a ningún intendente o gobernador se le ocurra poner un impuesto al viento», resumen como espíritu normativo. «Ya no se necesita prorrogar las amortizaciones aceleradas o exenciones tributarias», acotan.

Las empresas desearían que el Gobierno marque un objetivo de alcanzar un 30% de consumo de energías renovables hacia 2035, pero La Libertad Avanza no piensa en establecer un cupo obligatorio.

El segundo proyecto que aparece en la lista de prioridades oficiales es uno para la trazabilidad de las emisiones de carbono. Los legisladores oficiales, después de múltiples charlas con los privados, ven que las casas matrices de las empresas europeas exigen comprar productos con bajo impacto ambiental, certificados mediante declaraciones juradas que deberán presentar las petroleras.

Una idea en la que estuvieron trabajando algunos ex funcionarios como la ex subsecretaria de Planeamiento Energético Mariela Beljansky es la de crear un mercado de emisiones, con bonos o «derechos» a emitir carbono que podrían comprar las empresas.

Curiosamente, las primeras líneas del Gobierno observan que a nivel mundial «se está cayendo el verso woke» del cambio climático provocado por el hombre y auguran un futuro muy próspero para el petróleo.

Por último, el tercer proyecto a presentar será el de un marco regulatorio que incentive las inversiones en hidrógeno, no solamente el «verde» (originado en fuentes renovables) sino también el «azul» (a partir del gas natural, aprovechando los recursos de Vaca Muerta).

El RIGI, tal como está, requiere para otorgar ventajas de impuestos, importaciones y acceso a los dólares que el 40% de las divisas de las inversiones se liquiden en los primeros 2 años y por eso no sirve para el hidrógeno, que tiene un tiempo de maduración de entre 10 y 12 años.

«Los inversores necesitan estabilidad y confianza, más que los incentivos económicos en sí», consideran los legisladores.

Mientras tanto, otra ley que se discutirá es la que ya se presentó para los biocombustibles, que establecerá a las petroleras la obligación de mezclar al menos un 10% de biodiésel con el gasoil a partir de 2027 (hoy es 7,5%) y un 15% de bioetanol en la nafta desde ese mismo año (hoy es 12%).

Para Clarín, Santiago Spaltro

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