Incidentes en el Congreso durante el debate de la Ley Bases: los provocó “un grupo orgánico y coordinado” de izquierda

Hasta esta semana, en medio de un duro debate político la jueza federal María Servini indagó a los 33 detenidos por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad pero solo procesó y le aplicó la prisión preventiva, como reclamó el fiscal Carlos Stornelli, a cinco.

A los otros les dictó la falta de mérito, mientras pidió a la ciudadanía que acerquen a su juzgado fotos y filmaciones de los incidentes en que se quemó un móvil de la radio Cadena 3, bicicletas, se secuestró una granada de guerra y bombas molotov y se lastimó a 8 policías y se provocaron daños y gastos por 160 millones de pesos.

Por lo menos, dos de los cinco detenidos militan en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), según revelaron a Clarín fuentes judiciales con acceso a la causa. Fuentes de izquierda afirmaron que serían del sector interno «MTR, Votamos Luchar».

Sin embargo, la jueza -que no delegó la investigación en el fiscal- aún no ordenó medidas de pruebas para determinar hubo un complot para frenar la sesión del Senado. En un requerimiento de instrucción, Stornelli pidió investigar si hubo “un conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada tendientes a iniciar la violencia contra las instituciones” democráticas e impedir la sesión del Senado.

El presidente Javier Milei fue más lejos y denunció “un intento de golpe de Estado” y la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, consideró algunos de los actos de violencia como “terroristas”.

El fiscal Stornelli utilizó varias de calificaciones legales para pedir la prisión preventiva de los imputados. Enumeró que, en principio, las conductas investigadas se tipifican en los delitos previstos y reprimidos por los artículos 89 (lesiones), 183 (daños simples como agravados de conformidad con el art. 184 inc. 5), 186 (incendio u estrago), 189 bis (delitos contra la seguridad pública), 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones) y 213 bis (organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor). Pero también el 226 (delito contra los poderes públicos y el orden constitucional), 237 (atentado contra la autoridad -en este caso, agravada conf. Art. 238 incs. 2 y 4), 239 (resistencia a la autoridad) y/o 241 (perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos), con el posible agravante del artículo 41, todos ellos del Código Penal de la Nación.

La jueza Servini resolvió primero la situación procesal de los 33 detenidos, dejando detenidos solo a 5, luego de un fin de semana sin francos en su juzgado.

En su fallo, procesó, ordenó la preventiva y embargó en $ 500 mil a Cristian Fernando Valiente a quien le encontraron la granada FMK 5 del año 2012 producida por Fabricaciones Militares. Lo hizo solo por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con el de atentado contra la autoridad.

La misma medida tomó contra Patricia Calarco Arrendondo a quien le agregó el delito de incendio intencional de bicicletas de la CABA. En su mochila se encontraron antiparras negra, un libro con la inscripción “satisfacción en la ESMA”, stickers con la consigna: “la casa no anda en tren, no al DNU y a la ley Omnibus”, un pañuelo verde con la inscripción “aborto legal para no morir”, una botella de Bialcohol y textos varios del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). En los considerandos, la jueza escribió que Calarco se erigió “en un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática con el objeto de perturbar de manera temporal el libre ejercicio de las facultades constitucionales” del Congreso pero no la procesó por ese delito como quería Stornelli.

En cuanto a Facundo Ezequiel Gómez, también lo procesó por esos delitos con penas menores por haber arrojado piedras contra los policía y luego eludió el vallado en forma violenta y llamó al resto a hacerlo lo mismo antes de ser detenido.

Mientras que a David Oscar Sica le aplicó el delito de atentado contra la autoridad e intimidación pública por haber pateado y escupido a la mujer policía Romelia del Carmen Villafañe, provocándole un traumatismo en la pierna izquierda. También consideró que Sica podría haberse alzado contra el orden democrático. Y a Roberto María de la Cruz Gómez, quien vestía una camiseta de la selección de fútbol, también quedó con preventiva por intimidación pública por arrojar elementos contundentes a la policía y prender fuego tachos de basura.

Es decir, la jueza hasta ahora no los procesó por atentar contra la democracia pero en sus considerandos dio por acreditada “una voluntad común, lejos de haber sido espontáneo que respondió a un acuerdo previo y coordinado dirigido a crear temor público y afecta el ánimo de los legisladores y frustrar la sesión” de la cámara de Senadores.

Para Servini, los primeros datos muestran que hubo un “grupo que tuvo un despliegue orgánico que concurrió a la plaza provista de armas, escudos, explosivos de factura casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que destruyeron el espacio público y respondían a las directivas de ciertos líderes”.

La cronología

Hubo un primer intento violento al mediodía pero fue controlado, dice el fallo de la jueza. Sin embargo, a las 15 aproximadamente cuando comenzó la sesión en el Senado un grupo “coordinado” lanzó una ofensiva para tratar de ingresar al Congreso y provocó un caos durante cuatro o cinco horas.

En paralelo, a las 16 el senador de Unión por la Patria, Eduardo «Wado» de Pedro denunció «represión» y pidió armar una comisión para salir a la calle, tal como informó Clarín y se cita en la causa. Ante la reticencia de la vicepresidenta a frenar la sesión el senador K dio a entender que ella no está a favor de la democracia y Villarruel le contestó: «No me haga entrar en su historia personal». Y le sugirió que si quería salga solo a observar la situación rechazando su moción.

Mientras, debido al uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad, diputados K debieron ser sacados de la columna de la protesta. Eduardo Valdés, Luis Basterra y Juan Manuel Pedrini y trasladados al hospital Santa Lucía con irritación en sus ojos.

Además, Clarín informó que desde la propia interna de la CGT se multiplicaron las sospechas sobre la sugestiva actitud de la columna que lideró el camionero Pablo Moyano en la manifestación. Los cuestionamientos referían a la llamativa decisión del dirigente de retirarse de la protesta junto a los manifestantes de su gremio una hora antes de que estallara la violencia en las inmediaciones del Congreso, pese a que al inicio de la marcha y frente a las cámaras de televisión había prometido permanecer en el lugar todo el tiempo que se extendiera la sesión del Senado.

«Estaba avisado desde el día anterior que a las 15 la situación se iba a complicar», señaló ante Clarín un importante cacique cegetista para explicar la sorpresiva conducta de Moyano. Otro gremialista dio crédito a la misma versión y deslizó que el camionero había sido alertado de posibles incidentes presuntamente por sectores vinculados a los servicios de inteligencia. Unos días antes la ex presidenta Cristina Kirchner habría llamado a dirigentes de la CGT para que se sumaran a la marcha de protesta contra la ley Bases.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad envió la semana pasada al fiscal Stornelli los costos de los operativos realizados por cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para mantener el orden público en la Plaza del Congreso y sus adyacencias el 12 de junio.

Si se computan los gastos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, se llega a la suma de: $ 130.706.982 (Ciento treinta millones setecientos seis mil novecientos ochenta y dos pesos). Eso incluye la suma de $13.613.500 (Trece millones seiscientos trece mil quinientos pesos) que la Policía Federal reportó en concepto de daños a sus vehículos y equipamiento.

A consecuencia de dichos acontecimientos, informó Bullrich, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños.

Bullrich, si es aceptada como querellante, apuntará a la comisión de los delitos de sedición, perturbación de sesiones del Congreso y estrago doloso (artículo 229, 241 y 186 del Código Penal) con el agravante del artículo 41 quinques, previsto para acciones terroristas.

Sin embargo, un grupo de diputados K encabezados por Carlos Castagneto contraatacó y denunció a Bullrich por privación ilegal de la libertad. La denuncia penal también la firmó Valdés y Leopoldo Moreau.

Bullrich le respondió en duros términos a esos diputados de Unión por la Patria. «Soy diputado, papá», fue la frase que la ministra de Seguridad les atribuyó a los legisladores kirchneristas, quienes -según la funcionaria- les dieron «órdenes a la Prefectura, fomentan y avalan la violencia» durante los incidentes.