La Corte de EE.UU. autorizó a embargar activos argentinos por US$ 310 millones

La orden a la que tuvo acceso Clarín fue publicada este lunes por el máximo tribunal dentro de una lista con los reclamos rechazados. Allí aparece «Argentina contra Attestor Master Value y otros».

El revés se conoció en medio del vacío provocado por el despido del titular de la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra, por supuestas «graves irregularidades”. El organismo es el encargado de defender los intereses de la Argentina en el exterior. Pero desde esa área informaron que aún no tienen información para brindar. «El tema es que están sin Procurador por momento, por ahora nadie habla sobre el asunto del fallo», dijo una fuente oficial.

Los abogados que representan a la Argentina buscan que la Corte de EE.UU. impida a los beneficiarios del fallo ir por los activos argentinos en la causa iniciada por fondos de inversión que nunca cobraron los títulos argentinos al momento de la crisis. Según fuentes al tanto de la causa, el Gobierno podría seguir eludiendo el pago.

Quien lleva el caso es el estudio jurídico Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Hasta el 2014, Argentina le pagó cerca de 400 millones de dólares al estudio jurídico de Nueva York para defenderse de los fondos buitre desde el 2002 en adelante.

«Los acreedores pronto tomarán posesión de US$310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los EE.UU., Alemania y Suiza. Esta es la segunda derrota de la República Argentina ante una Corte Suprema en los últimos tres meses. En octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso Cupón PBI”, indicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior, quién bien temprano por la mañana advertía que estaba por salir esa resolución y que a su entender sería adversa.

Se trata de los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master que compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (con Néstor Kirchner), 2010 (con Cristina Kirchner) y 2016 (con Mauricio Macri).

Los fondos buitre hicieron juicio y obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, en la que la jueza Loretta Preska -que lleva varios reclamos contra la Argentina- obligó al país a pagar en total US$ 477 millones.

La condena fue ratificada en agosto del 2022 por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y como Argentina no pagó en ambas instancias los holdouts quedaron habilitados a avanzar con los embargos. Luego, el caso llegó a la Corte, donde este lunes se conoció el rechazo del máximo tribunal.

En las primeras instancias no se sabía que se trataba de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990, que vencieron el 31 de marzo de 2023. Hasta esa fecha, estuvieron depositados en la sucursal Nueva York de la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego del vencimiento, se supone que la Argentina los trasladó al Banco Central (BCRA).

A mediados de diciembre de 2024, por primera vez desde el 2018, la Argentina volvió a la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de evitar el embargo de US$ 310 millones tras una condena con sentencia firme contra el default de la deuda en 2001.

Las autoridades determinaron en julio pasado que los activos argentinos en el exterior no corrían riesgos de embargo. Esa fue la conclusión del estudio que realizó la Procuración del Tesoro y otras áreas tras analizar posibles acciones judiciales contra el oro girado al exterior, los fondos enviados a Nueva York para cancelar el pago a los bonistas en enero pasado y la Fragata Libertad, que ya fue embargada en 2012.

El argumento oficial es que el Tesoro y el Banco Central son entidades independientes, lo que eximiría los activos de la autoridad monetaria de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos.

Los bonos Brady

Estos bonos nacieron como parte del Plan Brady, propuesto en 1989 por Nicholas Brady, secretario del Tesoro de EE.UU. en ese momento. Fue cuando los países de América latina vivían una crisis de deuda por los préstamos que tenían con bancos comerciales estadounidenses. Entonces, los gobiernos usaban esa vía para financiarse en lugar de acudir al mercado de deuda soberana.

A nivel local, el caso remonta a la década de 1990, cuando Argentina emitió esos bonos garantizados como parte de un plan de alivio de deuda soberano. El plan implicaba un intercambio de casi US$ 30.000 millones en bonos comerciales no garantizados por otros con garantía, con vencimiento en 2023 («Bonos Brady»).

Esos bonos vencieron el 31 de marzo de 2023 y hasta esa fecha, estuvieron depositados en la sucursal Nueva York de la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego del vencimiento, se supone que la Argentina los trasladó al Banco Central (BCRA).

Los beneficiarios del fallo intentarán repatriar esos títulos si es que logran confirmar que están en la Argentina, para cobrarse una parte de la sentencia. La defensa argentina, en tanto, apunta a que la Corte desestime el reclamo.

Clarín