La Justicia intimó a 14 organismos públicos a aportar datos sobre sus vínculos con la OEI
El vínculo del Estado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) está bajo la mira de la Justicia. La controversia por presuntas “irregularidades” en la contratación de personal dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, generó un sisma político en el Gobierno y disparó distintas líneas de investigación que buscan echar luz sobre un sistema de contratación que quedó teñido por la sospecha.
En paralelo a la investigación que encabeza el fiscal Ramiro González –que en las últimas horas solicitó información adicional a la OEI, el organismo internacional que quedó envuelto en la controversia por las contrataciones–, una dependencia del Ministerio Público Fiscal impulsa otra pesquisa, más amplia, que apunta a tener el mapa completo del vínculo que el Estado tejió con la OEI en los últimos años.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un organismo con amplias facultadas para promover, acompañar o iniciar investigaciones, puso la lupa sobre el conjunto de las contrataciones que el Estado realizó a través del organismo. Su interés excede por largo los presuntos contratos fantasma de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Por eso, solicitó información a más de una decena de organismos estatales que contrataron personal con la OEI como intermediaria.
La Jefatura de Gabinete y su Consejo Asesor, el Ministerio de Capital Humano, las secretarías de Educación, Obras Públicas, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Cultural, junto con la Anses, el Sedronar, la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares deberán atender las inquietudes de Sergio Rodríguez, el fiscal al frente de la PIA.
Todas ellas fueron intimadas a facilitar información relativa a los vínculos que forjaron con la OEI: deberán precisar la cantidad de contratos efectuados, entregar los convenios que los posibilitaron –junto las actas complementarias–, informar sobre los flujos de dinero, y explicar las motivaciones detrás de la incorporación de nuevos empleados a través de este mecanismo. La investigación abarca también a la anterior gestión.
Por ahora, salvo excepciones, los organismos han suministrado la información solicitada y la PIA, según confiaron fuentes judiciales, contaría con algunos números parciales que dan cuenta –tentativa– del alcance de un sistema que ganó notoriedad a partir de tan solo de una decena de contratos efectuados dentro del ámbito de la Secretaría de Niñez.
En paralelo a ello, la PIA solicitó al Ministerio de Capital Humano la apertura de dos sumarios administrativos: uno por el caso de los alimentos almacenados en los depósitos y otro a raíz del cuestionado mecanismo de contratación. La cartera que lidera la ministra Sandra Pettovello, que sí aportó información sobre los contratos, todavía no reaccionó ante este otro pedido de la PIA y se encontraría retrasada con la entrega. Una vez iniciados los sumarios, deberán ser girados a la procuraduría.
En tanto, el fiscal González, que investiga específicamente el nexo entre Capital Humano y la OEI, solicitó a este último un plexo de información sobre los contratos nacidos bajo la gestión libertaria: el convenio macro que posibilitó realizar las contrataciones, la totalidad de las actas complementarias que instrumentaron su ejecución, la cantidad de contratos realizados, la certificación de servicios de los prestadores y los datos personales de estos, junto con la cantidad de erogaciones realizadas. La OEI, cuyo director en Argentina es Luis Scasso, se puso a disposición.
El sistema exhibe muchos puntos que generan dudas en los investigadores. El vértice más oscuro, donde puso el ojo el fiscal González, y que junto a la polémica de los galpones culminó en la salida de Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, tiene que ver con la presunta existencia de una caja negra alimentada a través de contratos fantasmas que motorizaba la OEI a pedido del Ministerio.
La posibilidad de que cualquiera de estas dependencias haya utilizado estas contrataciones externas como un mecanismo de sobresueldos también es contemplada por los investigadores. Funcionarios con cargos oficializados podrían haber recibido, a través de un contrato OEI, un sueldo adicional complementario para engrosar sus haberes.
Otro punto a esclarecer –similar al anterior– es de la superposición de sueldos. Tal como contó este medio, cuando el Estado, como paso previo a una designación, contrata a un trabajador de manera temporal, al efectuarse el nombramiento oficial se lo realiza –usualmente– de manera retroactiva, pero al hacerlo se deducen los meses trabajados bajo contrato temporal, de manera que el trabajador no cobre dos veces por el mismo trabajo. Cuando, por el contrario, es un organismo internacional el que realiza la contratación temporal previa a una designación, esta deducción no es posible ya que la trazabilidad del vínculo se pierde. Según pudo averiguar este medio, las designaciones de algunos trabajadores que fueron contratados momentáneamente por OEI se hicieron de manera retroactiva.
Por el mismo motivo –que la información contractual queda blindada en el interior del organismo–, los contratos de estos profesionales externos no dejan huella alguna dentro de la Administración Pública Nacional, a la cual no pueden sumarse nuevos empleados desde el decreto que firmó la exministra de Economía Silvina Batakis, que impide agrandar la planta del Estado por debajo de las direcciones generales.
La Nación
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