Natalio Mema dio precisiones sobre el decreto que establece el destino los US$1.025 millones que entrega la nación

Tras la firma de la adenda al convenio que estableció el pago de US$1.025 millones por el perjuicio que ocasionó a Mendoza la promoción industrial en provincias limítrofes, este viernes el Gobierno publicó el decreto 883 que debe ser refrendado en la legislatura.

En San Rafael, el ministro de Gobierno, Natalio Mema detalló aspectos relacionados al tema. Primero recordó los antecedentes con la firma del primer acuerdo entre el expresidente Néstor Kirchner y el exgobernador Julio Cobos por US$370 millones, que luego fue rectificado en la presidencia de Mauricio Macri y la primera gobernación de Alfredo Cornejo quienes llevaron la cifra del resarcimiento a los actuales US$1.025 millones.

Esos dineros los ha ido pagando en cuotas la Nación de forma periódica cada tres meses. Sin embargo hubo un largo período de inmovilidad que finalizó con el laudo del expresidente Alberto Fernandez que intervino en la disputa con el gobierno de La Pampa, y falló contra Mendoza.

Esta situación llevó a que Portezuelo el Viento requiera mayor documentación adicional a la que se había requerido inicialmente y fue por eso que no se pudo adjudicar esa licitación para empezar la obra tal como  estaba previsto.

En ese contexto, días atrás Alfredo Cornejo mantuvo conversaciones con los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Interior, Guillermo Francos, que concluyeron en la adenda al convenio, por la cual Mendoza tiene facultades para decidir otras inversiones, no exclusivamente Portezuelo del Viento, su destino original.

Mema hizo hincapié en que en el decreto provincial queda establecido taxativamente que esos recursos no pueden ser utilizados para gastos corrientes: «Nosotros dejamos bien en claro que no se puede utilizar para recursos corrientes; no es la primera vez que la provincia recibe una indemnización de estas características. Ya nos pasó en los 90 con las regalías mal liquidadas».

Declaró que el decreto «tiene que ser ratificado por la Legislatura en lo que hace a la a la parte provincial y a su vez tiene que ser ratificado por el Presidente de la Nación», y añadió que así queda «consolidado jurídicamente la posibilidad de todos los mendocinos de contar con estos fondos que ya los tenemos nosotros, pero dar la disponibilidad para poder avanzar en un plan de obras».

Dijo también que se van a discutir proyectos y programas; que hace cinco años la Dirección de Inversión Pública que está en el Ministerio de Hacienda tiene el objetivo de analizar cada uno de los proyectos que se presenten, de manera objetiva para ver el impacto que tienen en lo productivo, en lo social y en lo económico.

Manifestó que estos procedimientos quitan la discusión de temas de coyuntura y que es necesario que las obras que se lleven adelante tengan un repago para que no sea un fondo que administre un gobierno, sino que sea un fondo del Estado de la provincia de Mendoza y que sirva para los años venideros.

Señaló que es una discusión que han puesto sobre la mesa porque no están «pensando en este gobierno, no estamos pensando en este momento, sino que sea una base para que de ahí es más, todos los mendocinos tengamos la posibilidad de un mejor desarrollo y sobre todo, que se mantenga en el tiempo».