Representantes de entidades agrícolas apoyaron el proyecto que busca derogar la Ley 9.133
Los integrantes de las comisiones de Legislación y Economía de la Legislatura y funcionarios del Ministerio de Producción recibieron a representantes del sector vitivinícola, de la industria de la fruta y productores.
Ellos expresaron sus opiniones sobre la propuesta del Poder Ejecutivo que busca derogar la Ley 9.133 con el objetivo de eliminar costos, burocracia e intervención estatal que complica y encarece la operatoria comercial entre productores e industriales. Esta iniciativa de derogación surge de la poca utilidad que la ley ha tenido desde su implementación, considerando la escasa cantidad de contratos registrados frente a la totalidad de operaciones que se realizan en la agroindustria, y el pedido de productores e industriales de la provincia.
Desde las cámaras de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael y la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear destacaron que “esta ley presenta dificultades desde su concepción, al no respetar los tiempos de producción, estableciendo límites que obstaculizan el trabajo efectivo. Las restricciones impuestas no permiten la celebración de contratos antes de la recepción de la materia prima en el establecimiento industrial, generando incertidumbre en cuanto a la cantidad y calidad del producto. Asimismo, fijar un precio definitivo antes de la disponibilidad del producto es inviable, ya que el precio depende de la demanda, convirtiendo cualquier estimación previa en mera especulación”.
Por otro lado, la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de la Provincia de Mendoza (Asocamen) destacó que la actual ley ha resultado en múltiples inconvenientes que afectan negativamente al sector. Hicieron hincapié en su “incompatibilidad con la realidad productiva, su carga administrativa y burocrática, la ineficiencia en la fijación de los precios, multas y sanciones injustas y desventajas competitivas”.
Por su parte, la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza señaló que la aplicación de la Ley 9.133 “no beneficia a ninguna de las partes y genera costos y demoras en la agilidad de la operatoria comercial y que la Ley no ha cumplido con sus objetivos, generando mayores costos y reduciendo la competitividad de las empresas mendocinas”.
Desde Bodegas de Argentina agregaron que, desde la entrada en vigencia de la Ley 9.133, “no se observan beneficios para ninguna de las partes, solo penaliza a los compradores de uvas con multas severas. Su implementación es de un alto costo para los compradores y ninguno para los vendedores, no protege a los productores e incluso los perjudica en el modelo de transacción y desestima la compra de uvas”. Además, plantearon que es “necesario desburocratizar los procesos de adquisición de materias primas y que debe profundizarse en la relación de largo plazo entre productores y bodegas”, entre otros puntos.
Carlos Dávila, de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán, agregó: “Necesariamente hay que generar una herramienta que sea superadora, una mejora cualitativa, para fortalecer la integración del pequeño y mediano productor con la industria. Hay ejemplos claros de otras actividades que tienen que ver no con la vitivinicultura, pero sí con la horticultura y la fruticultura, donde hay muchas fortalezas y ejemplos a copiar. Por ejemplo, el tema de Tomate 2000. Nosotros entendemos que la Ley, así como está, no sirve”.
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