El Gobierno dispuso este jueves que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos con el argumento de que se “superpone la actividad” con la del Ministerio Público Fiscal, “con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar”.

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